El Ministerio Público Fiscal pidió en la tarde de este jueves las penas para la banda delictiva que cobraba coimas a cambio de favores en la Justicia Federal, la cual era liderada por el ex juez Walter Bento.
La Fiscalía solicitó seis años de prisión para Marta Boiza, la esposa de Bento, además de inhabilitación y $230.128.506,04 de multa (actualizada al momento de su ejecución). Fue declarada culpable por enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y falsedad ideológica (dos hechos). Boiza se desempeñaba como funcionaria judicial.

“Por más que ella no sea específicamente la que incrementó patrimonialmente, se determina la inhabilitación perpetua para los participes necesarios del delito de enriquecimiento ilícito”, detalló Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
En lo que refiere a Nahuel Bento, culpable por cometer delitos de lavado de origen ilícito agravado por haber sido cometido como miembro de una banda formada para la comisión de hechos de esta naturaleza en calidad de coautor, la Fiscalía solicitó una pena 5 años de prisión de efectivo cumplimiento. En lo que respecta de multa, se estableció que el monto sea de $41.605.100.


“Tenía 16 años cuando ocurrió el primer hecho que se le imputó a su padre y 20 años cuando sucedió el primer hecho de lavado de activos que se le imputa a él. Esto conforme al análisis de la edad y la madurez. No era un hombre maduro en ese momento, lo cual lo coloca en una situación distinta a la de sus padres. Se lo tomo como un atenuante”, dijo Velasco.
Respecto a Luciano Bento, el otro hijo del matrimonio que estaba imputado y que era investigado por la Justicia, fue sobreseído el último martes por falta de acusación fiscal en el delito de cohecho activo agravado.
La situación de Walter Bento
La Fiscalía pidió la tarde de este jueves una pena de 18 años de prisión para el ex juez Walter Ricardo Bento (63), quien fue hallado culpable de liderar una banda delictiva que cobraba coimas a cambio de favores procesales en la Justicia federal.
También, la fiscal María Gloria André solicitó una multa equivalente a $752.326.756,04 (suma actualizada al momento de la ejecución) y la pena de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta perpetua por el delito de enriquecimiento ilícito.
