La cuestionada decisión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de otorgar el reconocimiento de la ocupación “actual, tradicional y pública” de terrenos a supuestas comunidades mapuches en el sur mendocino envalentonó a un grupo de personas que constituyó, el 10 de julio pasado, una asociación civil que tiene entre sus objetivos “promover el reclamo y reparación de las tierras ancestrales que se encuentren en el territorio del departamento de San Rafael y aledaños, … para su recuperación y conservación”.
Se trata de la denominada “Comunidad mapuche Aliwenko Asociación Civil”, cuyos miembros fundadores son Oscar Alberto Hevia, José Alberto Bustos, Julieta Mariana Allende, Vanesa Valeria Cortez, Iván Antulio Palacios, Joel Nicolás Britos, Marta Analía Alonso, Edith Florisa Hevia, Laura Suárez, Ramón Barzola y Patricia Delgado. La sede social está ubicada en Tacuarí 165 de San Rafael, mismo domicilio declarado por los tres primeros integrantes.
Aliwenko es una palabra de origen mapuche que significa “la fuerza del árbol que crece en el río”. Entre los objetos de la asociación civil, figuran promover “el rescate de los valores propios del pueblo mapuche” y “ejercer la representación de la comunidad” ante organismos gubernamentales y no gubernamentales, “buscando garantizar, defender y promover los derechos de los pueblos originarios en todo el territorio de la provincia”.
El líder y presidente es Oscar Hevia, dirigente deportivo vinculado al fútbol y al boxeo que, de acuerdo con la Central de deudores del sistema financiero, dependiente del Banco Central, es un moroso categoría 5 (“irrecuperable”).
Historia de un escándalo
El reconocimiento del INAI a presuntas comunidades mapuches en San Rafael y Malargüe provocó la inmediata reacción del gobierno provincial, que criticó las resoluciones del organismo nacional y afirmó que no está demostrado que hubiese mapuches en el sur mendocino.
El escándalo explotó a fines de enero y tuvo su pico de tensión durante febrero. Finalmente, el caso llegó hasta la Corte de Justicia de la Nación, que tendrá que resolver si es constitucional o no el reconocimiento de la ocupación de más de 25 hectáreas a varias comunidades mapuches.
El debate tuvo ribetes inéditos. Como un pedido de juicio político contra Suarez, que fue rechazado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y una resolución legislativa que declaró que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”.