El Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 9650 por la que autoriza a la Provincia para endeudarse con organismos multilaterales de crédito por un total de 160 millones de dólares. El dinero será usado exclusivamente para financiar dos proyectos de transformación digital en áreas clave: la salud y la educación.

Esta ley, que ahora se convierte en norma provincial, había sido sancionada por la Legislatura de Mendoza el pasado 12 de agosto.

Este crédito se tomará con organismos multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El programa educativo, que busca potenciar especialmente las áreas de Matemática, Lengua y Ciencias, prevé la adquisición de tecnología, licencias y herramientas digitales, además de robustecer los sistemas de gestión de la Dirección General de Escuelas. Para ello, el Ejecutivo solicitará un préstamo por 75 millones de dólares.

En paralelo, el Gobierno impulsa una reforma integral del sistema de salud mediante la transformación digital de todos los efectores públicos, para los que necesita 85 millones de dólares. El proyecto contempla la renovación completa de la infraestructura tecnológica, la interoperabilidad de sistemas clave como la historia clínica electrónica, telesalud, laboratorio, imágenes, prescripción electrónica, y gestión de medicamentos.

El plan de financiamiento se divide de la siguiente manera:

  • Salud (U$S 85.000.000): este monto se destinará a mejorar la infraestructura de los centros sanitarios, comprar equipos tecnológicos modernos y desarrollar sistemas para hacer más eficiente la atención médica.
  • Educación (U$S 75.000.000): con este dinero se financiará el proyecto EDUTEC. Los fondos se usarán para mejorar la conectividad en las escuelas, adquirir equipamiento tecnológico, contratar plataformas educativas y capacitar al personal docente para el uso de las nuevas tecnologías.

La autorización para este crédito es válida hasta el 31 de diciembre de 2026. Además, la ley faculta al Poder Ejecutivo para modificar el presupuesto actual y le exige que informe a la Legislatura sobre toda la documentación relacionada con el endeudamiento en un plazo de diez días.