Los pases a planta permanente se convirtieron en la noticia más reiterada en el último tramo de la gestión de Francisco Pérez. Basta con mirar día a día el Boletín Oficial para darse cuenta cómo muchos funcionarios y allegados al mandatario han ido logrando asegurarse un lugar en la planta permanente.

El reclamo de la oposición sobre esto ha sido unánime y ante esas “irregularidades” decidieron denunciar la situación en la Fiscalía Especial de Delitos Complejos. Pero al parecer, el gobernador electo, Alfredo Cornejo, no piensa quedarse con los brazos cruzados, ya que será su gestión la que tendrá que cargar con los costos económicos de esos pases, especialmente en un momento delicado financieramente hablando.

Es por eso que -una vez llegado al poder- el intendente de Godoy Cruz buscará judicializar todos los pases a planta que considere “irregulares” para poner fin a los “acomodos” que vienen ocurriendo, donde se benefician desde ex reinas hasta jefes de Prensa, funcionarios y amigos del poder. Una de las irregularidades que la UCR viene denunciando es en torno a que no se cumple con la Ley provincial de Reponsabilidad Fiscal (la 7.314), cuyo artículo 46 prohíbe realizar designaciones después del 30 de junio en año electoral. Sin embargo, la norma exceptúa al Ministerio de Salud, la DGE y Seguridad, lugares a donde han ido a parar la mayoría.

Actualmente el caso está en manos del fiscal de Delitos Complejos Santiago Garay, quien ha sido muy criticado por el gobernador en el último tiempo por ocuparse de esas cuestiones. No obstante, aún sigue analizando la documentación y ahora está a la espera de los decretos que corresponden a todo el año. De todas maneras esta semana se conocerá un dictamen de la Fiscalía de Estado que analiza tres denuncias de pases a planta permanente.

Se espera que en estos días el director de Asuntos Administrativos, Abel Albarracín, se expida sobre estas situaciones. Las denuncias que analizan son sobre las designaciones de 17 personas en el Tribunal de Cuentas, en este caso es un reclamo gremial, otra denuncia corresponde al Ministerio de Transporte y fue realizada por los mismos empleados. En este caso el disgusto es por los pases de cinco personas.

De hecho la semana pasada uno de los que se aseguró su banca en el Estado es el actual ministro de Transporte, Pablo Rousseau, que vino a ocupar el lugar de Diego Martínez Palau, que renunció cuando estaba en campaña. El ministro obtuvo una designación con clase 013 en Salud con un adicional por mayor horario.

Además hay una tercera denuncia sobre el pase a planta de una empleada en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Lo cierto es que el organismo de control pidió los expedientes a Transporte, pero solo mandaron respuesta sobre tres, por lo que aún esperan dos más. En el caso del Tribunal de Cuentas no mandaron los legajos sino que solamente contestaron con un escrito justificando la legalidad de los expedientes y desde el organismo que conduce Omar Parisi, todavía no han respondido la solicitud de la Fiscalía.

A este malestar se suman legajos que llevan meses sin movimiento y luego sorpresivamente aparecen los nombramientos en el Boletín Oficial. Asimismo la “reserva de decretos” es otra de las maniobras empleadas, aunque por ahora difícil de comprobar. Además el malestar crece también por la creación de cargos u oficinas como es el caso de la de Padrinazgo Cultural en el Ministerio de Cultura.

Sin embargo al Ejecutivo parece no importarle las críticas y los nombramientos siguen apareciendo. De hecho para Pérez es un tema “terminado” y en reiteradas ocasiones ha manifestado que no hay ningún tipo de “ilegalidad, ni ilegitimidad”.