Luego de que la Asociación de Trabajadores de la Seguridad (ATSE) que tenía a su cargo el estacionamiento medido en San Martín denunciara a dos funcionarios de esa comunas por coimas, presentó un amparo para seguir trabajando.
ATSE aseguró, que desde que le quitaron “injustamente” la concesión, cerca de 40 jóvenes se quedaron sin trabajo. Sin embargo, desde el Municipio confirmaron que 25 de esos trabajadores fueron empleados a través de un “plan B” que dispusieron. Pero ese plan B llamó poderosamente la atención de la oposición en ese departamento del Este.
El concejal radical Alfredo Laferriere contó que en enero llamaron a sesión especial para tratar un nuevo proyecto para el estacionamiento “por las dudas” que se cayera lo licitado. “Es la primera vez que veo que un Concejo saca una ordenanza por las dudas”, dijo molesto con la situación.
Y detalló: “Nos llamaron la primera semana de enero sin decirnos para qué. Cuándo pregunté qué temas íbamos a tratar, me dijeron que era por el estacionamiento medido. Ya en sesión nos presentaron un proyecto que era copia del de la Municipalidad de Mendoza”, aseguró Laferriere, quien explicó que desde un principio notaron “tremendas irregularidades”.
ATSE tenía en concesión el estacionamiento medido en el centro de ese departamento desde el año pasado y los primeros días de febrero le fue revocado. El miércoles 11 presentó en un juzgado de San Martín un recurso de amparo para volver a trabajar, pero el secretario de Gobierno aseguró que ya hay 25 personas, que estaban con esa asociación, que han vueltos a sus labores con el nuevo proyecto.
Por su lado, Laferriere afirmó que “es una burda copia del de Ciudad y está hecho a medida de (Oscar) González”. Además, dijo que el secretario de Gobierno nunca se presentó a darles explicaciones a los concejales cuando le fueron solicitadas y tampoco se respondieron los pedidos de informe que solicitó la Unión Cívica Radical. “El PJ es mayoría en el Concejo y, por lo tanto, hace y deshace a su gusto. Así aprobaron el nuevo estacionamiento. Si no responden a los pedidos de informes que hemos solicitados, nos veremos en la obligación de hacer una denuncia penal”, evaluó el radical.
Siguen las acusaciones
Por otro lado, María Eugenia Godoy, integrante de ATSE, comentó a El Sol que recibió amenazas vía mensaje de texto por parte de uno de los testigos que la Municipalidad de San Martín habría presentando en la denuncia que hicieron contra González. “La Comuna rechazó todas las acusaciones y tildó de mentirosa a la asociación, pero nosotros tenemos prueba de todo lo que decimos”, dijo la mujer y mostró a este diario una serie de boletas de pagos por el servicio que efectuaron a la Comuna y obleas supuestamente “ilegales” que entregaba el jefe de la Policía Vial de ese departamento, a quien también denunciaron por coimas.
Sin embargo, para el secretario de Gobierno, lo que ATSE busca es mediatizar el caso para tener el apoyo de la opinión pública sin interesar lo que resuelva la Justicia. “La acusación es una reacción ante el incumplimiento del contrato que tuvieron”, manifestó y cerró diciendo que una vez que resuelva la denuncia hecha hacia él, iniciará acciones legales contra la asociación.