El Gobierno de Mendoza ha rechazado la apelación de una agroexportadora y confirmó una multa por consumo eléctrico irregular. El decreto, publicado en el Boletín Oficial, desestima el recurso de alzada presentado por la representante de la empresa.
La sanción fue impuesta inicialmente por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), que, tras una inspección, determinó que la empresa había incurrido en una violación del reglamento de suministro de energía. La empresa recurrió la decisión, argumentando que no se le había brindado la participación necesaria en el acta que documentaba la irregularidad, lo que, según ellos, hacía el acto administrativo “arbitrario“.
Argumentos desestimados y la validez de la sanción
La Asesoría de Gobierno analizó el recurso y concluyó que los argumentos de la empresa no eran suficientes para revertir la sanción. El decreto especifica que la falta de participación alegada por la empresa no invalida la responsabilidad. Además, se señaló que los actos administrativos emitidos por el EPRE estaban debidamente motivados y respaldados por “documentos, informes y fotografías“, lo que les otorgaba total validez.
El dictamen también destaca que el derecho a la defensa y el debido proceso de la empresa fueron respetados en todo momento, como lo demuestra el hecho de que se le permitió interponer el recurso. El Gobierno consideró que el planteo de la empresa era una reiteración de argumentos que ya habían sido analizados y rechazados en instancias previas.
Decisión final y próximas acciones
El decreto admitió formalmente el recurso de la empresa, pero lo rechazó en lo sustancial, ratificando la multa. Con esta decisión, se agota la instancia administrativa. Si la agroexportadora desea continuar con la impugnación, deberá hacerlo en sede judicial. Para ello, tiene un plazo de 30 días corridos para interponer una acción procesal administrativa ante la justicia.
