El Gobierno provincial rechazó un recurso jerárquico presentado por un ex oficial principal de la Policía de Mendoza, ratificando la sanción y el emplazamiento a pagar 95 mil pesos, correspondiente al valor una pistola y cargadores, según un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
Si bien el policía retirado ofreció abonar el monto original, la Asesoría Letrada exigió la actualización de la deuda, abriendo la puerta a una acción judicial si el oficial no acepta el nuevo monto.
El recurso buscaba anular una resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia, la cual, a su vez, había ratificado por otra norma de 2022. Esta última le exigía al oficial abonar la suma de $95.000 correspondiente al valor de una pistola y dos cargadores.
El decreto resolvió “admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial” el recurso jerárquico, confirmando la validez de la sanción y la obligación de reparación económica.
El oficial basó su principal agravio en la supuesta prescripción de la deuda, citando el Artículo 38 bis de la Ley 560/73 (Estatuto del Empleado Público de Mendoza), que establece un plazo de dos años para reclamos de créditos.
Además, el recurrente manifestó su intención de pago para cerrar definitivamente el proceso:
“Presento la intención de abonar en pesos argentinos y en cuota única y en efectivo la suma de 95 mil pesos, emplazados únicamente y solo en la Resolución 84/22…”, expresó en su recurso.
La Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia, convalidada por Asesoría de Gobierno, dictaminó que el recurso era sustancialmente improcedente.
- Sobre la prescripción: los servicios jurídicos determinaron que la tramitación del caso (iniciado por un hecho ocurrido el 5 de noviembre de 2019) fue constante, con interrupciones que no alcanzan a configurar el plazo legal para que opere la prescripción. La interposición de recursos administrativos interrumpe los plazos, manteniendo la acción de recupero vigente.
- Sobre el monto a pagar: este fue el punto clave. Si bien el oficial ofreció pagar los $95.000 originales, el dictamen fue contundente: “la deuda debe ser actualizada al momento de su efectivo pago.”
En virtud de esto, Asesoría de Gobierno sugirió “presentar un valor actualizado de dichos elementos (pistola y cargadores) y ofrecer modalidades de pago al agente a fin de que haga posible la reparación del daño y evitar así un desgaste jurisdiccional innecesario.”
Con este decreto, el proceso administrativo ha finalizado. El artículo 2° del decreto notifica al oficial que, si desea continuar con su reclamo, deberá recurrir a la vía judicial.
Para impugnar la decisión, el ex oficial cuenta con la acción procesal administrativa, la cual deberá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a partir de la notificación del decreto.