El Gobierno de Mendoza, a través de un decreto publicado este miércoles en el Boletín oficial, puso fin a una larga disputa administrativa al rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la titular del geriátrico ubicado en General Alvear.
De esta manera, se ratificó la clausura total y definitiva del establecimiento, ordenada inicialmente por Resolución N° 3104/21 del Ministerio de Salud.
La institución, que alojaba a una población vulnerable de adultos mayores, fue objeto de inspecciones en 2020 y 2021 que revelaron un “grave estado de precariedad” y una serie de faltas que ponían en riesgo a los residentes.
Un cuadro de irregularidades alarmante
El expediente administrativo detalla las graves faltas que sustentan la decisión de la clausura, entre ellas:
- Precariedad edilicia: el establecimiento no contaba con condiciones mínimas de habitabilidad ni baños adaptados para la población geriátrica.
- Falta de personal: carencia absoluta de médicos tratantes y personal capacitado para la atención específica de adultos mayores.
- Irregularidad documental: ausencia de historias clínicas actualizadas, falta de planillas de medicamentos completadas y lugares reservados para los mismos.
- Habilitación vencida: las habilitaciones se encontraban vencidas y sin ser renovadas debido a la situación edilicia y de servicio.
El decreto señala que fueron “innumerables las intimaciones” efectuadas para que la titular regularizara la situación, pero estas no fueron cumplidas en los plazos fijados.
Actitud de “desprecio hacia la ley”
Uno de los puntos más destacados en los considerandos del decreto es la actitud de la institución. Las autoridades constataron que, incluso después de haber sido notificados de la clausura total y permanente y de que la decisión se encontrara plenamente ejecutiva, el geriátrico permaneció abierto. Esta acción fue calificada como una “clara actitud de desprecio hacia la Ley y hacia la autoridad con competencia para aplicar la sanción“.
Con el rechazo del recurso jerárquico, se agota la vía administrativa y se confirma la sanción máxima prevista en la Ley N° 5532, garantizando así la protección y el cumplimiento de la normativa para la atención de adultos mayores en la provincia.