La principal distribuidora eléctrica de Mendoza, Edemsa.

Por primera vez en años, los representantes del Gobierno de Mendoza se abstuvieron en una votación estratégica del Directorio de Edemsa. Fue durante una reunión realizada el 23 de junio, que duró solo 21 minutos, en la que se autorizó por mayoría la posibilidad de emitir Obligaciones Negociables (ON) por hasta 400 millones de dólares, el monto máximo disponible en el programa global ya avalado por una asamblea de accionistas.

La decisión habilita el endeudamiento externo de la principal distribuidora eléctrica de la provincia. Desde la empresa aseguran que con esos fondos se fortalecerá el plan de inversión, aunque no reveló oficialmente en qué consiste ese programa de obras. En tanto, fuentes del mercado indicaron que parte de los recursos podrían utilizarse para rollear (reestructurar) su deuda.

Sin embargo, el dato más significativo no fue la aprobación en sí, sino quiénes decidieron no acompañarla. Los representantes del Gobierno de Mendoza se abstuvieron con fundamentos técnicos detallados y una postura crítica frente al alto nivel de endeudamiento, la falta de información y la necesidad de establecer mecanismos estrictos de control en la empresa.

Hay que recordar que el 51% de las acciones de la principal distribuidora eléctrica de la provincia está en manos del grupo Vila-Manzano; el 39% lo posee el Estado provincial y el 10% restante corresponde a la Asociación del Programa de Propiedad Participada (PPP), que representa a los empleados.

El Directorio está conformado por nueve miembros: cinco por los controlantes (acciones Clase A), tres por el Estado (Clase B y C) y uno por los trabajadores (Clase D). El pasado 23 de junio se reunieron para analizar la emisión de ON por hasta 400 millones de dólares y el resultado fue de seis votos a favor y tres abstenciones. Pero los números fríos no reflejan la intensidad del debate interno.

Reunión corta pero intensa

El acta de la reunión que comenzó a las 12.53 y finalizó a las 13.14, detalla con precisión los argumentos que llevaron a los tres directores por la Provincia -Manuel López González, Javier Panebianco y Alberto Casteluchi- a abstenerse en la votación.

López González aclaró que la abstención no obedece a una postura política ni a una oposición al plan de obras, sino a la falta de garantías suficientes para respaldar una deuda de esa magnitud.

“Con la información y garantías presentadas hasta la fecha, no se puede concluir con la certeza requerida que los beneficios de esta operación superen los riesgos aparejados para la compañía”, expresó durante el encuentro, en lo que constituyó una de las objeciones más sólidas y explícitas de un representante de las acciones de la provincia en el Directorio de la distribuidora eléctrica en los últimos años.

Entre sus principales objeciones mencionó el elevado nivel de endeudamiento que implicaría avanzar con la colocación por el monto total, la ausencia de un cronograma detallado de obras, la falta de evidencia que relacione las inversiones con mejoras concretas en el servicio y la necesidad de adoptar una estrategia financiera más conservadora.

Si bien no quedó plasmado en el acta de la reunión, otras fuentes oficiales destacaron el potencial riesgo que significa un alto endeudamiento en dólares, a largo plazo, para una empresa que brinda un servicio concesionado, con tarifas reguladas.

Una operación millonaria

El punto central del orden del día fue la “consideración de la aprobación de los términos y condiciones de la emisión de una o más clases de obligaciones negociables”, bajo un programa ya autorizado por una Asamblea de Accionistas realizada el 8 de abril. En esa oportunidad, los representantes del Gobierno votaron a favor.

La empresa podrá emitir títulos con o sin garantía, en dólares o en otras monedas, en mercados locales y/o internacionales, con jurisdicción argentina o extranjera, bajo legislación nacional o foránea. Según el acta oficial, podrán incluso solicitar “la calificación como bono verde, social o sustentable”, dependiendo de las condiciones de mercado.

“Se busca adelantar el plan de inversiones para mejorar la calidad del servicio y producto y con ello bajar el nivel de sanciones y de pérdida de energía, fortaleciendo la red de la compañía”, defendió el presidente de Edemsa, Neil Bleasdale.

También destacó que “es el momento oportuno de realizar la presente emisión, por resultar lo más conveniente a la empresa, ello por haber recibido una buena respuesta de las agencias calificadoras y de los bancos”.

En esa línea, Bleasdale remarcó que la autorización ya contaba con aval de la Asamblea y de las instancias técnicas necesarias, y que su implementación sería ejecutada “conforme los términos y condiciones que oportunamente determinen los Subdelegados de acuerdo con las condiciones del mercado de capitales local e internacional”.

En tal sentido, se resolvió otorgar amplias facultades a un grupo reducido de ejecutivos y asesores externos —entre ellos representantes de los estudios DLA Piper y Bruchou & Funes de Rioja— para negociar y ejecutar la operación, tanto en el mercado local como internacional, incluyendo la firma de documentación legal, presentaciones ante organismos regulatorios e incluso definiciones sobre moneda, jurisdicción, calificación como bono sustentable, y otros aspectos clave.

La abstención del Gobierno

López González dejó asentado que su abstención no obedece a una visión negativa sobre el plan de inversiones en sí mismo. Sin embargo remarcó que no se cuenta con un cronograma detallado de obras que justifique la necesidad de endeudarse ahora.

“Se plantea que las inversiones propuestas pueden ser realizadas con el flujo proyectado sin necesidad de nuevo endeudamiento, en etapas menos ambiciosas. Y, de buscarse el adelantamiento de su ejecución, se requeriría un cronograma detallado que así lo explique”, resaltó.

También cuestionó que “no se cuenta con información que acredite la correlación entre las inversiones y las consecuentes disminuciones en multas y pérdidas que reflejen la conveniencia de las mismas”.

En su intervención, López González propuso que, de avanzar la emisión, se establezca un mecanismo de control riguroso. En concreto, solicitó “un esquema de rendición trimestral de la ejecución de los fondos obtenidos mediante la emisión, a fin de asegurar un buen nivel de cobertura frente a los vencimientos de capital e intereses de la deuda y una eficiente aplicación de los fondos”.

Además, exigió reportes regulares de indicadores financieros y de calidad del servicio, y transparencia sobre los “covenants” (compromisos contractuales que podrían limitar la acción futura de la empresa), solicitando que se informe al Directorio una vez definidos. Este punto es especialmente sensible, ya que podría condicionar las decisiones operativas o financieras de la empresa.

¿Una relación que se enfría?

La abstención adquiere verdadero sentido al analizar el contexto. Durante los últimos años, Edemsa fue claramente beneficiada a través de acuerdos con el gobierno provincial y la Nación y con sucesivos aumentos tarifarios que dispararon sus utilidades.

El año pasado obtuvo ganancias netas por $57.500 millones y en el primer trimestre de 2025, ganó $29.463 millones, según datos oficiales. Incluso, pese a las millonarias multas aplicadas por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) por fallas en el servicio, su rentabilidad no se alteró significativamente.

Hasta ahora, el Gobierno provincial no había hecho pública ninguna disidencia relevante. Por eso, la decisión de abstenerse no pasó desapercibida: marca el primer gesto formal de distanciamiento institucional en mucho tiempo.

La resolución fue aprobada por mayoría y la Provincia no bloqueó la emisión. Tampoco la apoyó. Su abstención fue una advertencia que reveló su desacuerdo con el modo en que se planteó la operación que puede comprometer el futuro financiero de una empresa estratégica, con más de 400 mil usuarios en su área de cobertura.

Las observaciones del Gobierno

  1. Falta de fundamentos sólidos
    “Con la información y las garantías presentadas hasta la fecha, no se puede concluir con certeza que los beneficios superen los riesgos”, expresó López González. Agregó que no se presentó un análisis que relacione las inversiones con una mejora directa y cuantificable del desempeño operativo o económico de la compañía.
  2. Ausencia de cronograma
    “Tampoco se cuenta con un cronograma detallado de ejecución de las inversiones que justifique la necesidad de la deuda para poder realizarlas”, señaló el representante de las acciones provinciales. Y planteó una alternativa más conservadora: “Las inversiones podrían ejecutarse con el flujo proyectado, sin necesidad de endeudamiento, si se avanzara en etapas menos ambiciosas”.
  3. Advertencia sobre el endeudamiento
    La crítica central se centró en el perfil financiero que asumiría Edemsa. “Se debe atender al alto nivel de endeudamiento en el que queda la empresa si se avanza con una colocación por el total propuesto”, advirtió López González.