En la jornada de este miércoles continuaron las discusiones legislativas sobre la explotación del yacimiento de cobre Cerro Amarillo, ubicado en el departamento de Malargüe.
La discusión se centró sobre la validez o no de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), ya que llegó en 2014 al Parlamento, pero no avanzó por la ausencia del inventario, que estuvo listo recién en 2018.
Durante la jornada expusieron el Fiscal de Estado, doctor Fernando Simón; la directora de Protección Ambiental, ingeniera Miriam Skalany y la ingeniera Laura Najar, profesora e investigadora de la facultad de Ciencias Industriales de la UNCuyo perteneciente a la delegación de San Rafael.
Simón aseguró que “este proyecto fue tratado junto con el de Hierro Indio en 2014 en la Legislatura, pero fue retirado por no contar con el estudio de impacto ambiental que entiendo que ahora ya está hecho. La DIA, es de 2014, algunos dicen que está vencida, porque se considera que tiene un plazo de dos años, pero quiero que se entienda que no desaparece la DIA ni caduca, debe ser revisada en función de una serie de criterios cada dos años“.
Según indicó Simón, estos criterios son tres: que existan cambios en los estándares de exigencias, que ocurra alguna modificación natural o algún asentamiento humano nuevo, y por último se debe revisar cuando el proyecto ya se está ejecutando, donde se analiza si la DIA está dando resultados.
En este sentido se refirió la ingeniera Skalany, quien representó a la Dirección de Protección del Ambiente. La ingeniera aseguró que no ha habido procesos naturales nuevos ni existen asentamientos humanos en las cercanías.
“El clima, el agua, la geología, son procesos que llevan millones de años para modificarse, excepto que tengamos una erupción volcánica que cambie todo de un día para el otro. Por otro lado, en cuanto a los posibles asentamientos humanos en la zona de Cerro Amarillo, no hay puesteros ni pueblos originarios que se encuentren allí”, explicó Skalany.
Najar aseguró que “Cerro Amarillo cuenta con un marco legal muy importante para desarrollarse. El estudio de ese marco legal es la base para el seguimiento de la zona. Necesitamos saber qué hay en el yacimiento, por eso la exploración previa, para ver si se puede explotar la zona”.
Finalmente, la ingeniera celebró el tratamiento legislativo de este proyecto, ya que, según su criterio, le da “le da un respaldo a la provincia para que se realice un desarrollo sustentable que permita avanzar con proyectos que sí beneficien a Mendoza.”
De la disertación participaron varios legisladores de todo el arco político. Desde Cambia Mendoza pretenden aprobar el proyecto antes que finalice el año, para lo cual deberán acelerar los trámites, ya que la Casa de Leyes provincial dejará de sesionar el próximo 27 de diciembre.