El 31 de marzo de 2020, cuando el país entero recién empezaba a entender lo que significaba una pandemia, Natali Abigail Cuffinal salió a la calle en su moto. No fue una salida recreativa ni un acto de imprudencia: como tantos otros, circulaba por necesidad, en medio del aislamiento social obligatorio por el covid-19. Pero no fue el virus lo que la detuvo, sino un pozo -profundo, sin señalizar, imposible de esquivar- que la hizo volar de su moto y caer con violencia en el asfalto de Guaymallén.
Las heridas físicas, se transformaron en simbólicas conforme fue avanzando una pelea judicial que por si fuera poco, terminó en derrota. La calle estaba en mal estado, el pozo era una trampa abierta, y la responsabilidad, a priori, recaía sobre el municipio. Así lo entendió la Justicia en primera instancia, que habló de “falta de servicio” por parte del Estado local, remarcó la inexistencia de causas de fuerza mayor y dio por acreditado el hecho.
Pese a lo expuesto, la Cámara de Apelaciones sostuvo en la siguiente instancia que no se pudo probar la “relación de causalidad” entre el pozo y el accidente. Que faltaron pruebas, testigos, detalles. Dándole a la causa un giro inesperado. En efecto, para el tribunal de alzada, si una mujer en moto cae en una calle vacía en plena cuarentena necesita cámaras de seguridad, testigos o escribanos para validar dicho relato.
Frente a este panorama, el proceso llegó a la Suprema Corte provincial que selló el destino del caso: rechazó el recurso extraordinario presentado por la víctima, confirmó la decisión anterior e impuso costas. En otras palabras, no solo no encontró justicia, sino que ahora debe pagar cerca de $2 millones por haberla buscado.
El fallo tuvo en cuenta elementos que, en su conjunto, terminaron jugando en contra de Natali: no llevaba casco al momento del accidente, algo que no niega y que fue clave en el análisis judicial.
Tampoco contaba con un permiso de circulación válido bajo las restricciones sanitarias de aquel momento. Y, tal vez más determinante aún, la denuncia fue radicada un mes después del hecho, en un contexto marcado por el aislamiento, la confusión y la urgencia de lo cotidiano.