Luego de que el Tribunal de Cuentas impusiera una multa millonaria a dos funcionarios por pagar sobreprecios a la firma que presta el servicio de limpieza en el Instituto de Juegos y Casinos, saltó a la luz que la Provincia comenzó a pagarle en 2013 a Masterful SRL más del doble que el contrato con el anterior prestador. Es decir, de 300 mil pesos que se pagaba según el contrato, comenzó a facturarle al Gobierno unos 700 mil pesos por el mismo servicio.

La firma ya había sido contratada anteriormente por el Estado y por estos sobreprecios pagados por el Estado provincial se sancionó a los contadores Carlos Cardone y Gonzalo Javier Jerez a pagar casi cuatro millones de pesos. 

Por este perjuicio al Estado provincial, la Fiscalía de Estado realizará la denuncia penal contra los dos funcionarios involucrados que figuran en el fallo que emitió el Tribunal de Cuentas. Y contra todos aquellos involucrados que surjan en la investigación.  

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El organismo de control detectó que en las facturas de los meses de mayo a junio que presentó la empresa se observa una imposibilidad de cumplimiento de la cantidad de horas contratadas en relación a la cantidad de personas afectadas al servicio. Se facturaron más horas de la que los empleados podían trabajar y desde abril a noviembre se pagaron 978 mil pesos de más a la empresa.

El 17 de enero del 2014- a través del decreto Nº 109– se realizó la licitación para el servicio de limpieza del Ministerio de Cultura y se adjudicó a la empresa Masterful S.R.L por la suma de 3.399.750 pesos. La firma fue creada en el año 2006 y fue pasando por diversos socios.

A modo de ejemplo: en el 2013, el IPJyC pagaba 300 mil pesos por el servicio de limpieza, por mes. Cuando cambiaron de empresa y Masterful comenzó a operar como el proveedor, la Provincia pasó a pagar 750 mil pesos por ese servicio, según pudo saber este diario. 

Casinos no es el único contrato que Masterful tuvo con el Estado provincial, también fueron contratados por Salud. 

El apoderado de la firma, Alejandro Balegno, señaló que se pondrán a disposición para que se investigue en el caso de constatarse alguna irregularidad. Balegno no negó ni afirmó la responsabilidad de la empresa, sin embargo admitió que puede haberse producido algún “error” en la facturación.

“Tenemos todo en regla, si hay algún error en la facturación lo desconozco. Si hubiese algún daño la empresa está dispuesta a solucionarlo, personal administrativo está reviéndola ”, indicó.

Balegno sostuvo que todavía tiene un año de contrato con el Estado con opción a prorrogarlo un año más, aunque desde el Casino analizan llamar a una nueva licitación tras conocerse la denuncia.

Sin embargo, el empresario es optimista y asegura que tienen una “buena relación” por lo que considera que esta situación no debería interferir.

A esto se suma que a unos 30 empleados de la empresa se les adeuda el pago de las dos últimas carreras en el hipódromo, situación que genera mayor malestar entre los trabajadores.

En este sentido, el apoderado explicó que no han podido depositar porque hay atrasos en los pagos de parte del Casino y afirmó que no es “para nada rentable” el trabajo para el IPJyC.

A raíz de esta situación la titular del organismo de juegos, Josefina Canale, adelantó que apartarán a los dos acusados de su cargo, aunque aclaró que no serán despedidos hasta tanto la sentencia no esté firme.