La intención del Gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública nacional. Como ocurre cada vez que el debate reaparece, la discusión suele estar atravesada por hechos de alto impacto social y una fuerte demanda de respuestas inmediatas en materia de seguridad. Sin embargo, más allá del clima político, el análisis jurídico advierte límites claros que no pueden ser ignorados.
Luego del apoyo a la iniciativa de la ministra de Seguridad de la provincia, Mercedes Rus, especialistas en derecho penal, derecho constitucional y derechos humanos coincidieron este martes en que la discusión no puede reducirse a una cuestión de edad, ni abordarse únicamente desde el castigo penal.
Lo que está en juego, indicaron, es el modelo de justicia juvenil, el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina y la eficacia real de una política que prioriza la respuesta punitiva por sobre la prevención.
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Para el abogado penalista y profesor universitario Federico Ábalos, la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad a 13 años resulta incompatible con el bloque de constitucionalidad vigente. Si bien la Constitución Nacional no fija una edad mínima expresa, recuerda que desde la reforma de 1994 el análisis constitucional “debe incluir los tratados internacionales de derechos humanos incorporados con jerarquía constitucional”.
En ese marco, Ábalos subrayó que la Convención sobre los Derechos del Niño obliga al Estado argentino a organizar un sistema de justicia juvenil diferenciado, excepcional y orientado prioritariamente a la reintegración social.
“El tratado no autoriza la criminalización penal temprana ni la asimilación del niño al régimen penal de adultos”, advirtió; y remarcó que cualquier reforma debe respetar la condición de persona en desarrollo.
El penalista recordó, además, que el Comité de los Derechos del Niño, órgano encargado de interpretar la Convención, fue explícito en sus Observaciones Generales: una edad mínima de imputabilidad inferior a los 14 años es considerada incompatible con el tratado. Este estándar -señaló- “no puede ser ignorado sin exponer al Estado argentino a responsabilidad internacional”.
En consonancia, el abogado constitucionalista Alejandro Pérez Hualde agregó que “lo que se intenta es incorporar a niños a un sistema ampliamente fracasado, donde el 65% de nuestros privados de libertad son reincidentes o reiterantes. Es decir, un fracaso del sistema; ya los tuvimos en prisión a dos de cada tres y no pudimos hacer algo para asistirlos”. Y continuó: “A ello se suma que no tenemos políticas específicas para el tratamiento de niños en régimen de privación de libertad”.
En diálogo con este medio, reflexionó: “Se trabaja con propuestas simples a un problema complejo. ¿Cuál es el número de ilícitos cometidos por niños de 13 y menores de 16 que ahora traeríamos al sistema penal? ¿En qué porcentaje?”.
Una mirada similar aportó la abogada especializada en Derecho de la Niñez y Adolescencia Julieta Giordano, integrante de la ONG Xumek – Derechos Humanos. La letrada contextualizó el debate en un sistema penal juvenil que aún se rige por una norma de 1980, sancionada durante la última dictadura militar y anterior a la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos.
“Siempre que se intenta modificar el sistema penal juvenil, el foco está puesto en bajar la imputabilidad y no en adecuar el sistema a los estándares internacionales”, cuestionó.
En ese sentido, dijo que en las últimas observaciones realizadas a la Argentina, el Comité de los Derechos del Niño recomendó explícitamente no reducir la edad de imputabilidad y avanzar hacia un régimen respetuoso del paradigma de derechos.
¿Para qué bajar la imputabilidad?
Desde una perspectiva crítica, el abogado penalista Pablo Cazabán planteó que la pregunta central del debate no es a qué edad, sino para qué se pretende bajar la imputabilidad. Si el objetivo es únicamente ampliar la posibilidad de condenar penalmente a menores, sostiene que la discusión carece de sentido.
Cazabán advirtió que una respuesta exclusivamente punitiva, sin políticas públicas integrales que aborden la violencia juvenil, está condenada al fracaso. “La criminalización temprana solo termina afectando a los sectores más vulnerables, que son justamente los que carecen de respuestas estatales”, señala, y define este enfoque como una forma de “populismo punitivista”.
Uno de los puntos de coincidencia entre los especialistas es la falta de evidencia que respalde la eficacia de la baja de la edad de imputabilidad como herramienta para reducir el delito. Giordano remarcó que los delitos cometidos por adolescentes representan una proporción mínima en comparación con los cometidos por adultos, un dato que suele quedar fuera del debate público.
Y agregó que las sucesivas reformas regresivas del sistema penal argentino —con penas más duras y nuevos delitos— no lograron disminuir la violencia social. “Pensar que el sistema penal viene a solucionar problemas estructurales es desconocer su verdadera función”, sostuvo.
El problema de las reformas aisladas
Uno de los puntos más cuestionados por los especialistas es el carácter aislado y punitivista de la propuesta. Una modificación del régimen penal juvenil, sostienen, no puede pensarse sin un entramado de políticas públicas que incluyan educación, salud, contención social, capacitación y organismos especializados.
Algunas provincias, como Mendoza, cuentan desde hace décadas con instituciones específicas para el abordaje integral de adolescentes en conflicto con la ley penal. Ese tipo de estructura institucional, sin embargo, no aparece contemplada en los proyectos que impulsan a nivel nacional.
Según lo señalado por Abalos, desde el punto de vista jurídico, una ley que fije la imputabilidad penal en los 13 años sería “altamente vulnerable a declaraciones de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad”, tanto en el ámbito interno como internacional. “La Argentina podría enfrentar reclamos ante organismos internacionales por incumplimiento de los estándares asumidos como Estado”, coincidió Giordano.
En el plano social, para Cazabán el riesgo es profundizar un camino ya transitado: “Criminalizar a los sectores más vulnerables sin resolver las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad, la pobreza y la exclusión del sistema educativo”.
“El problema de fondo es la desigualdad. Uno de los problemas de fondo gravísimos es la desigualdad. Y lo único que están haciendo es esconder la basura bajo la alfombra. Si no se ve, no existe. Y también así lo sabemos. Esto en el mediano plazo genera más problemas que soluciones”, completó el letrado.