El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza “pasó la escoba” al revisar el régimen de licencias médicas dentro de la Policía. En el Gobierno aseguran que se realizó con el fin de detectar irregularidades en el uso de certificados y ausencias prolongadas, lo cual derivó en la apertura de más de 300 expedientes administrativos y en medidas concretas para “recuperar capacidad operativa”.
Fue confirmado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quien este viernes le presentó a la cúpula policial el plan de gestión del recurso humano iniciado tras la auditoría 2024. “No queríamos más policías detrás de un escritorio, ni tampoco custodiando chatarra o multiplicados en comisaría siendo carceleros”, sostuvo.
Desde el Ministerio aseguraron que la auditoría interna realizada en 2024 detectó situaciones extremas: agentes con más de 1.000 días de licencia, superando con creces el límite legal. A raíz de ello se abrieron más de 300 expedientes administrativos para resolver cada caso. Hasta ahora, 126 fueron resueltos y 181 siguen en trámite: de estos últimos, 150 corresponden a personal actualmente no efectivo y 31 a efectivos activos mientras se procesa su expediente.
También se hallaron numerosos casos que excedían los 731 días -tope máximo de disponibilidad-y expedientes con más de 1.000 días acumulados: 84 en 2024 y 57 en 2025, según datos preliminares. Entre las medidas adoptadas figuran pases a retiro, ceses, bajas obligatorias y reincorporaciones cuando correspondía.
“Como resultado de esta auditoría, hoy tenemos buenos números que nos muestran un regreso a la operatividad. Por ejemplo, en el 2025 cerca de 303 policías no estaban operativos y hoy vuelven a la operatividad gracias a una serie de medidas. También normativas, hemos tenido un aumento de las altas de un 116%. Lo importante de estas altas es que se vuelve a ejercer funciones operativas. Y de esto podemos decir que hemos pasado de un 2023 en donde el 64% de las altas iban a tareas no operativas, por ejemplo a administrativas, a hoy tener un 87% que vuelve a tareas operativas. Esto es personal policial en la calle. 303 policías en el 2025 es casi como todos los nuevos policías nombrados a principio de año”, manifestó.
Las explicaciones se dieron bajo un contexto de numerosos despidos y bajas de policías que fueron oficializados en el Boletín Oficial en el último tiempo. “Estas políticas generaron desde el año pasado un aumento en las bajas en general -tanto obligatorias como voluntarias- y un aumento en las cesantías. Este año llevamos entre ambas 58. Esto supone un aumento del promedio de un 16%”, manifestó la funcionaria.
Rus deslizó que en el 2024, cuando comenzó la auditoría, hubo un aumento del 42% en cuanto a cesantías y bajas en relación con el promedio de los últimos 4 años. “Es importante aclarar que, de esas bajas, el 60% no estaba cumpliendo funciones operativas. Es decir no son bajas de personal que estaba en la calle. Protegemos al policía que también generaba una queja, al buen policía, que es la gran mayoría, pero obviamente se ven ofuscados por este minúsculo grupo que ha sido un uso abusivo de licencias o que se iba por irregularidades”, dijo ante la prensa.
En tanto que, según el Ministerio, de enero a agosto de 2025 las incorporaciones de personal subieron un 116% en comparación con 2024: las reincorporaciones saltaron de 91 a 197. El repunte estuvo acompañado por un incremento de cinco puntos en las altas relacionadas con salud mental. Además, un 23% de las incorporaciones se destinó a tareas operativas y otro 23% a reubicaciones administrativas consolidadas.
El impacto observado se vincula en parte a la reducción de la “disponibilidad prolongada”. Las licencias superiores a 90 días -en su mayoría por causas psicológicas-pasaron de 91 a 197, pero con las nuevas normas se acortaron los plazos.
El proceso estuvo respaldado por un paquete normativo que reorganizó procedimientos, plazos y controles. La Resolución 2483/2024 fijó reglas más estrictas para gestionar licencias médicas: plazos concretos de notificación, requisitos más exigentes para presentar documentación y posibilidad de controles domiciliarios, con el fin de evitar demoras y garantizar la verificación de las causas médicas.
Mercedes Rus explicó que las políticas “aplicadas desde octubre del año pasado buscan marcar los criterios legales de qué se entiende por enfermedad catastrófica”. Según detalló, hasta ese momento existía un criterio técnico-legal “erróneo” que habilitaba abusos e irregularidades y “desprestigiaba y deslegitimaba al policía que sí tiene un problema en materia de salud”.
En ese contexto, recordó que en 2022 cerca del 60% de las licencias se consideraban catastróficas, una proporción que –destacó– “no se da en ninguna institución”. “Estamos hablando de enfermedades que suponen riesgo de vida o un alto costo económico para las familias, como esclerosis múltiple o cáncer. Son esas características las que habilitan a un médico, desde los criterios médico-legales, a determinar que la enfermedad es catastrófica y que el agente cobre el 100% del sueldo”, remarcó.
“Se sancionó una resolución en ese sentido y eso hizo que hoy, en 2025, tengamos solo un 8% con enfermedad catastrófica. Esto es bueno porque justamente cuidamos a ese 8% que realmente está en esas condiciones. Ponemos todo el acento allí y no damos lugar a abusos“, aportó.
A su vez, la Resolución 3953 -dictada en el marco del régimen de evaluación de licencias catastróficas-creó una junta médica independiente para revisar estos casos y definir la continuidad laboral o los pasos administrativos a seguir.
Además, como norma de gestión, se ratificó un límite operativo: no más de dos años en disponibilidad (732 días acumulados a lo largo de la carrera), con mecanismos para detectar y tratar prioritariamente los casos que superen ese umbral.
Por último, el informe precisa que desde abril de 2025 rige un convenio con OSEP para evaluar a subcomisarios que presenten más de dos certificados psicológicos. En este marco, la obra social convoca a una junta psicológica que revisa cada situación en plazos reducidos -unos 15 días en la práctica administrativa-. En la zona Sur, de 18 subcomisarios citados 10 regresaron al servicio, 4 optaron por el retiro y 2 continúan con licencia. En otras jurisdicciones, de 14 convocados 6 volvieron a sus funciones, 2 se retiraron y 1 fue dado de baja.