El Gobierno disparó otra vez contra la ley Petri al sostener que la norma que limita las salidas transitorias de presos seguramente sufrirá modificaciones en breve.
El ministro de Gobierno, Félix González, y la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, explicaron que estos cambios derivarán de una modificación del Organismo Técnico Criminológico (OTC) para hacerlo más eficiente que tendrá un “impacto directo” en el régimen ideado por el legislador radical.
El Poder Ejecutivo aclaró que esa modificación en el órgano del Servicio Penitenciario que evalúa la conducta de los presos no ha sido impulsada por el oficialismo, sino por una senadora del propio radicalismo: Milagros Suárez. Sin embargo, González dijo que esto “indudablemente generará un ajuste” en la ley Petri, dado que los cambios en el OTC tendrían el aval del conjunto de las fuerzas políticas en la comisión Bicameral de Seguridad.
La ley Petri plantea un endurecimiento en el régimen de los internos y fue impuesto en la Legislatura a pesar del rechazo del Gobierno.
El radicalismo se favoreció de las dudas y fisuras del PJ para sancionarla y Pérez aseguró que no obstaculizará su promulgación, a pesar de que apuesta a que la norma sea declarada inconstitucional por la Justicia.
El tema surgió en medio de un anuncio para los agentes que prestan servicios en las cárceles mendocinas. Se trata de la creación de la defensoría del Personal Penitenciario, un órgano nuevo que tendrá la tarea de actuar como nexo entre los agentes penitenciarios y el Gobierno.
Los agentes de seguridad en general no pueden tener un representante sindical, pero el defensor tendrá la tarea de receptar las inquietudes de los agentes y elevarlos al Gobierno. “Buscamos revalorizar al personal”, aclaró al respecto la subsecretaria Ronda, de quien dependerá la nueva área.
La titular de la defensoría será Nair Moreno, quien ya trabaja en un programa de asistencia a los agentes penitenciarios.