El Senado de Mendoza dio media sanción por unanimidad al proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que incorpora al Código de Contravenciones provincial una nueva figura vinculada a la responsabilidad de los padres ante casos de acoso escolar (bullying). La propuesta ahora será analizada por la Cámara de Diputados.
La senadora Mariana Zlobec, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Técnica, sostuvo que la iniciativa “no busca castigar, sino generar reflexión y promover vínculos más saludables”.
Explicó que las sanciones previstas contemplan trabajo comunitario, asistencia obligatoria a talleres de parentalidad y, en los casos más graves o reincidentes, multas económicas.
Los fondos recaudados por estas sanciones serán destinados al Fondo Provincial para la Prevención y Asistencia al Acoso Escolar, administrado por la Dirección General de Escuelas, y también a bibliotecas populares.
En tanto, el justicialista Félix González valoró la iniciativa como “un paso adelante” en la lucha contra el acoso escolar y destacó que “convoca a toda la sociedad a tomar conciencia del flagelo que viven muchos chicos mendocinos”.
“Tenemos que mejorar la calidad de nuestros debates, que tenemos que salir del discurso del odio, porque el discurso del odio construye estas cosas. Bueno, todo esto tenemos que ayudar a desmontarlo”, explicó el senador del bloque justicialista.
Las claves de la norma
El proyecto incorpora al Código de Contravenciones de Mendoza varios artículos que establecen un procedimiento progresivo ante casos de bullying. En una primera instancia, se prevé la intervención escolar y el acompañamiento interdisciplinario. Si los padres o tutores no colaboran o incumplen las medidas dispuestas, intervendrá el Juzgado Contravencional.
Las sanciones podrán incluir trabajo comunitario de entre cinco y cincuenta días o multas de 500 a 5000 unidades fijas, según la gravedad del caso. En situaciones de reincidencia, el juez podrá duplicar las sanciones y ordenar la asistencia obligatoria a talleres o terapia familiar.
Desde el Ejecutivo se destacó que, si bien las escuelas cumplen un rol esencial en la detección y contención de estas situaciones, la primera responsabilidad recae en las familias, que deben acompañar y orientar a sus hijos.
El oficialismo recalcó que el espíritu de la ley apunta a un enfoque preventivo, educativo y restaurativo, con el propósito de involucrar activamente a las familias en la construcción de comunidades más seguras, respetuosas y solidarias.