La diputada nacional por Mendoza, Mercedes Llano, presentó un proyecto de ley que busca establecer un período obligatorio de “abstinencia política” para quienes aspiren a ocupar cargos superiores en organismos de control y jurisdiccionales del Estado nacional.
un proyecto busca que haya imparcialidad en los órganos de control del Estado y la Justicia
La iniciativa apunta a garantizar la imparcialidad e independencia de instituciones clave como la Auditoría General de la Nación (AGN), el Consejo de la Magistratura, la Oficina Anticorrupción, entre otras.
El proyecto plantea que, para acceder a estos cargos, los postulantes deban acreditar que durante los diez años previos a su nombramiento no hayan tenido ningún tipo de filiación partidaria ni hayan ejercido cargos políticos o electivos, ya sea en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, salvo que hayan accedido a esos puestos mediante concurso público.
“La idea es despolitizar organismos sensibles que hoy se ven atravesados por intereses partidarios, y así mejorar la calidad institucional del país”, sostuvo Llano al compartir la propuesta en sus redes sociales. “El espíritu es garantizar la idoneidad e imparcialidad de sus ocupantes y así afianzar la República”, enfatizó la legisladora, que preside el Partido Demócrata en Mendoza y forma parte del bloque que apoya las políticas del gobierno nacional.
La diputada remarcó que muchos de los cargos en entes de control y administración de justicia terminan siendo “premios consuelo” para dirigentes que no acceden a bancas legislativas o a cargos ejecutivos, lo cual “erosiona la confianza ciudadana en instituciones que deben controlar, auditar o impartir justicia con neutralidad”.
El proyecto fue acompañado por otros legisladores nacionales como Alida Ferreyra, Paula Omodeo, Carlos García, María Emilia Orozco, Lilia Lemoine, Julio Moreno Ovalle y Lorena Villaverde, lo que muestra el interés transversal de varios espacios liberales y de derecha en avanzar con la despolitización del Estado.
A través de esta iniciativa, Llano busca poner en marcha un necesario debate sobre los límites entre la militancia política y la idoneidad técnica en áreas del Estado que deben actuar con autonomía. El texto ya fue girado a comisiones para su análisis y se espera que genere repercusión no sólo en el Congreso de la Nación, sino también en sectores académicos y judiciales.