Una mendocina se encuentra entre los ex directores del Banco Nación sobre quienes pesa un pedido de inhibición general de bienes, en la causa donde se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos a la empresa Vicentin. La cerealera acumuló una deuda por 18.500 millones de pesos con la entidad crediticia que se considera incobrable. 

Se trata de la economista radical Ercilia Antonia Nofal, que integró el directorio del principal banco estatal durante la gestión de Mauricio Macri. El fiscal que sigue la instrucción del caso, Gerardo Pollicita, ha pedido la inhibición general de bienes para la cúpula de la anterior gestión, así como también para los dueños de la firma radicada en Santa Fe, pero que también cuenta con bodega en Mendoza. 

El Nación estaba presidido en ese momento por Javier González Fraga y en esa mesa, además de Nofal, se sentaban Lucas LLlach, Agustín Arce, Carlos Alberto Castelani, Guillermo Goldberg, Jorge Lawson, Javier Okseniuk, Marcelo Javier Pose, Juan José Fragati, Martín Enrique González, Susana Ojeda, Maricel Moschini, y José Luis Testa.

Afiliada al radicalismo, Nofal fue parte de esa gestión desde 2015, donde fue Vicepresidente de los Comités de Contabilidad y Planeamiento de Control y Gestión y también del Comité de Auditoría de la entidad. Pero a la par de la función pública, también integra el directorio de firmas privadas, Antonia S.A., Agroexportadora San Ceferino S.A. y Ramblón S.A, segúnn su CV.

La economista mendocina también ha tenido cargos como asesora en organismos internacionales, entre ellos, el Banco Mundial y el BID.  

El dictamen del fiscal

El fiscal también pidió la misma medida respecto de las personas jurídicas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, y que se dicte la “prohibición de innovar sobre su composición accionaria”.

“Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria”, advirtió Pollicita en el dictamen.

Para ello “otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”, agregó.

El fiscal tiene delegada la investigación y explicó que “las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentin, en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que, finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo”.

“Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la deuda impaga no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en el mes de septiembre de 2019 sino que también fue replicado durante los meses de noviembre y diciembre, sin que tal circunstancia impidiera que durante el mes de noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco”, agregó en base a documentación probatoria recibida en la causa.

Pollicita investiga el presunto otorgamiento irregular por parte del Nación de préstamos a la firma Vicentín que acumuló una deuda de 18.500 millones de pesos con la entidad oficial, “los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos, dado que el pasado 10 de febrero solicitó la apertura de su concurso preventivo”, recordó el fiscal.

La semana pasada el fiscal ordenó medidas de prueba para investigar la “posible ruta del dinero con el fin de determinar si se trató de una crisis autogenerada por los responsables de VICENTIN S.A. con el objeto de que una vez obtenida irregularmente la refinanciación por parte de los funcionarios, no pagaran la deuda al Banco de la Nación Argentina, y solicitó la producción de 13 medidas de prueba, así como también, la recolección de toda la documentación de interés vinculada a los hechos denunciados”, recordó ahora.

El escrito completo de Pollicita:

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