El Tribunal de Cuentas volvió a exponer la falta de control en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). En un extenso fallo se dieron a conocer los “burdos y groseros” hechos observados en el organismo salpicado por las sospechas de corrupción.

Para poner un ejemplo, un párrafo del fallo Nº 17.362 deja en claro la magnitud de las irregularidades que se detectaron durante el 2018: “Los hechos observados resultan groseros y burdos, no solo por las falsificaciones y adulteraciones, sino también por los montos y conceptos incluidos, que nada tenían que ver con la finalidad de la repartición”.

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Además de apuntar contra el accionar de la exgerente de Recursos Humanos y Administración, Corina Gallardo, el fallo hace hincapié en la “pasividad” del exadministrador, Oscar Sandes que, presionado por las sospechas, no tuvo otra opción que renunciar a fines de julio.

A Sandes se lo pone bajo la lupa por no haber controlado los fondos de la DPV. En este sentido el escrito señala que “dicho responsable no efectuó el más mínimo control al respecto no pudiendo resultar absolutamente ajeno al procedimiento de manejo de estos fondos …”.

Según se detalla, el entonces administrador intervenía con su firma autorizando los comprobantes de la “incorrecta disposición de fondos”. De todas maneras, Sandes desconoció su firma en las rendiciones y la autoría fue asumida por Gallardo. Sin embargo, eso no lo libra de culpa y cargo, ya que por un lado hace un “simple desconocimiento” sin acompañar pruebas que sustenten la veracidad de sus dichos, razón por la cual “no lo libera de responsabilidad”.

A raíz de esto, el Tribunal de Cuentas encontró culpable al arquitecto por “graves deficiencias de control, quien de acuerdo al organigrama vigente debió tener conocimiento y control permanente de los gastos y reposiciones del fondo cuestionado”.

“El Administrador en su defensa solo hace referencia a que desconocía los hechos observados y a que le han falsificado la firma. Por ende surge de sus dichos que no efectuó ningún tipo de control, ni el más mínimo. Su falta total de control, no solo ocurrió en el ejercicio 2018, sino también en el ejercicio 2019 en el que se han detectado similares desfalcos, como así también en el ejercicio 2017 donde el Tribunal advirtió sobre el desmanejo de los fondos fijos”, explica el fallo.

En pocas palabras, se concluye que la “maniobra fue posible” porque se omitieron los controles correspondientes.

Irregularidades

De la investigación se desprende que los empleados utilizaron dinero de la caja chica para gastos personales que nada tenían que ver con el organismo al cual trabajaban. Una prueba de lo “burdo y grosero” se observa cuando los agentes incluyeron en las rendiciones de pago una multa que les había impuesto el mismo Tribunal de Cuentas.

Entre esas irregularidades se observa:

  • Comprobantes de gastos que no están a nombre del organismo, están emitidos a consumidor final o no mencionan el beneficiario, ni la relación con la actividad de la Dirección Provincial de Vialidad (combustible, gastronomía, servicios, obsequios, gastos varios, etc.).
  • Varios de estos gastos fueron realizados en días sábado o domingo o en días hábiles en horarios no laborales.
  • Se detectaron comprobantes en donde además se presumen adulteraciones en su emisión.
  • Gastos por cargas de combustibles efectuados en horarios diversos de funcionamiento de la administración, y otros fuera del mismo, incluso 49 en fines de semana, los cuales no fueron realizados por el sistema EDENRED que utiliza en general la DPV, emitidos a consumidor final, y no identifican el rodado al que se le cargó dicho combustible.
  • No se vincularon dichos gastos con comisión de servicio para la DPV y según lo expresado por los responsables, los vehículos oficiales no son utilizados durante los fines de semana, sino que permanecen guardados en las respectivas dependencias al finalizar cada jornada laboral.
  • Gastos de comidas en restaurantes, para varias personas, fechados incluso en fin de semana o en horario fuera de la jornada laboral o habitual y sin vinculación alguna a una comisión oficial. Asimismo, dichos gastos se encuentran en su mayoría emitidos a consumidor final.
  • Comprobantes correspondientes a servicios y gastos de diversa índole, que han sido adulterados de diferentes maneras, modificando los importes originales, los datos del destinatario y las cantidades facturadas. Dato verificado entre las facturas originales (rendidas por el organismo) y lo que figura en el duplicado de las mismas (aportadas por proveedores).
  • Gastos correspondientes a servicios personales y/o profesionales, sin detalle de tareas realizadas ni firma del jefe inmediato del sector en el cual se han realizado las tareas liquidadas.
  • Adquisición de obsequios, no especificando cantidad y tipo de bien, ni el motivo de los mismos ni los eventos en los cuales son entregados.
  • Diferencias entre los comprobantes presentados (según copia adjunta en expediente electrónico) y los montos totales registrados en la rendición.

Fallo en disidencia

El fallo fue aprobado con la disidencia parcial del ala radical del organismo. En torno a esto el titular del Tribunal de Cuentas, Néstor Parés, explicó su interpretación.

“El fallo es bastante claro, no libera de responsabilidad. Lo que pasa es que entendemos que dado el plazo que tenemos, se nos ha vencido y no hemos podido delimitar perfectamente las responsabilidades. Es por eso que instruímos a Fiscalía para que lo siga”, expresó Parés.

Además, manifestó su preocupación por los honorarios. “Me preocupa un fallo emotivo donde corremos riesgos con el tema de los honorarios. Después van a la justicia, nos ganan y el Estado termina pagando. Esa es parte de la realidad”, concluyó el exlegislador del radicalismo.

Descargo

Por otra parte, la semana anterior El Sol dio a conocer la respuesta incompleta que brindó la DPV ante un pedido de acceso a la información pública sobre el detalle del gasto en viáticos y de los sueldos de los empleados.

Frente a eso, la DPV brindó su descargo e insistió con la excepción que les otorga el decreto  N°1717/16 en su artículo 2 y explicó el mecanismo de control que se utiliza.

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“Se otorga un adelanto con cargo a rendir cuentas al funcionario, entregando un anticipo, en cheque o efectivo, recursos que corresponde a alguno de los fondos fijos establecidos dentro de la institución, que luego de rendido impacta contablemente con los gastos realizados, es decir, no se observa un línea de “viáticos” sino, el nombre de los proveedores en los que efectuaron sus gastos. A su vez, estos comprobantes se agrupan con otros de erogaciones de otra índole y contablemente se ve el nombre del proveedor pero no lo que originó el comprobante, para ello se debe analizar cada uno de los expedientes de rendición, y verificar cada uno de los pedidos que le dio origen y que explican el destino del gasto. Internamente, la institución actualmente tiene un procedimiento para controlar que los gastos se correspondan con el destino para el que fueron autorizados y a su vez, el Tribunal de Cuentas de la Provincia también audita los fondos fijos de manera externa.”, señala el comunicado.

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Además, con respecto a los sueldos, en el caso de los funcionarios, explicaron que están enmarcados bajo la Ley N° 5.811 y “son de acceso a la ciudadanía”. Mientras que, el salario de los empleados de planta figura bajo “el Convenio Colectivo de Trabajo N° 572 y Ley Nacional N° 20.320, que regula el estatuto de escalafón para los agentes viales provinciales”.