La ex funcionaria de Vialidad Provincial, Corina Gallardo, imputada por fraude a la administración pública, se opone a que la Municipalidad de Godoy Cruz -donde tiene un cargo de planta permanente-  se constituya como querellante en la denuncia penal que investiga el desmanejo de los fondos de la entidad, entre 2018 y 2019.

Gallardo se desempeñó como directora de Recursos Humanos en Vialidad durante la gestión de Oscar Sandes, ex titular de ese organismo. Llegó como adscripta de la comuna de Godoy Cruz y quedó involucrada en un escándalo e investigación por facturas apócrifas y gastos injustificados.

Todavía no se determinó el perjuicio para el Estado, por lo que está pendiente una pericia económica para establecerlo.

La acusación también sostiene que Gallardo falsificó la firma de Sandes, de quien era una estrecha colaboradora y con quien había trabajado en la municipalidad de Godoy Cruz.

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Su abogada defensora, Miriam Ledda, presentó una oposición en la fiscalía de Delitos Económicos al entender que la comuna no tiene el interés legítimo, ya que los hechos que se investigan no transcurrieron en ese ámbito, sino en un organismo provincial.

Por otro lado, Ledda también argumentó que ya es querellante Fiscalía de Estado, en la que está representado el Gobierno de Mendoza y, en todo caso, el municipio.

La presentación será analizada por el fiscal Hernán Ríos y todavía no se fijó fecha para la audiencia.

En forma paralela, la comuna dirigida por Tadeo García Zalazar inició una investigación sumaria para establecer si Gallardo era pasible de una sanción, tanto por el dictamen del Tribunal de Cuentas que estableció el perjuicio al Estado, como por la causa penal iniciada.

Sandes apeló a la multa del Tribunal de Cuentas 

A través del Fallo 17.357, el Tribunal de Cuentas determinó que a Sandes debía aplicársele una sanción por una suma cercana a los $3 millones por irregularidades.

Así se le impuso una multa de $98 mil y también le aplicaron otros diez cargos solidarios que ascendían a $2.799.441,37.

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Sandes, que renunció a Vialidad para acogerse al beneficio jubilatorio, apeló la sanción recientemente, en un planteo a la Suprema Corte de Justicia por considerar que él había sido el perjudicado y que fue quien inició el sumario administrativo para investigar el desmanejo de los fondos.