Un grupo de vecinos de Guaymallén denunció este sábado “represión policial” durante un confuso desalojo en el barrio Unión y Fuerza.

Se trata de 138 familias que, según contaron a El Sol, “compraron honestamente” los lotes ubicados en las cercanías de las calles Higuerita y Mendoza, de Buena Nueva, y que este sábado cerca de las 13 fueron desalojados por la policía.

De acuerdo a su versión, un grupo de aproximadamente 35 personas limpiaba los terrenos cuando llegaron efectivos policiales y los desalojó violentamente, “sin mediar palabra”.

Este grupo intentó evitar el desalojo mostrando los comprobantes de la adquisición de los terrenos, pero no fueron escuchados por los uniformados, quienes supuestamente arribaron al lugar sin una orden judicial, siempre según el testimonio de los vecinos.

 

“Llegaron 5 móviles, 2 camionetas, 4 motos y un camión de infantería, para desalojar a 35 personas. No tenían una orden judicial, sino una autorización de una ayudante fiscal de la Fiscalía 19. No hay ninguna denuncia, ningún conflicto legal, nadie entiende el porqué del desalojo. La policía no quiso recibir los comprobantes y empezó a actuar con balas de goma. Rompieron celulares de quienes estaban filmando lo que pasaba y se llevaron a 8 personas detenidas”, denunció una vecina.

Según comentaron, además, “los lotes fueron adquiridos a un tal Juan Carmona” con quien intentaron comunicarse pero aún no han podido hacerlo.

“Difícilmente los hayan comprado de buena fe”

Según explicó el fiscal Juan Ticheli, a cargo de la causa, “difícilmente los vecinos hayan comprado los lotes de buena fe porque conocen al dueño, Mario Alberto Case, que es quien realizó la denuncia, y no Juan Carmona”.

“Los vecinos –manifestó– saben quién es Mario Case porque está en un acta, en un expediente judicial, suscripto por él y un grupo de cuatro personas, representantes de los vecinos. Es imposible que no sepan que es él y no Carmona el dueño de los terrenos”.

Ticheli expresó, además, que desde la Fiscalía están tratando de conseguir los papeles de compra y venta porque tienen entendido que los mismos no tienen la firma certificada. “Hasta no tener esos papeles no se puede evaluar la condición de legalidad de la supuesta compra de los terrenos”, detalló el magistrado.

Respecto al supuesto “desalojo violento” denunciado por los vecinos, Ticheli explicó: “No se trata de un desalojo porque nunca ocuparon los terrenos, no son dueños. Ha sido una ‘turbación de la posesión’ (según el Código Penal), por lo que se sacó a las personas del lugar”.

Y agregó: “No me informaron que haya sido violento el operativo pero vamos a investigar. A los detenidos los revisa el médico forense para ver si fueron agredidos por policías. No avalamos comportamiento policial violento pero hay que ver qué ocurrió en el lugar y por eso vamos a interrogar a los efectivos intervinientes”.