La diputada provincial del PRO, Cintia Gómez, volvió a impulsar en Mendoza la regulación del uso de vehículos oficiales, en línea con la reciente decisión del Gobierno nacional de limitar su utilización en el ámbito de la Jefatura de Gabinete. La legisladora retomó un proyecto presentado el año pasado que apunta a ordenar y controlar el empleo de los bienes móviles del Estado provincial, con el objetivo de reducir gastos y evitar usos indebidos.
Gómez sostuvo que el contexto fiscal obliga a revisar prácticas arraigadas en la administración pública y remarcó que “es el momento de administrar bien todos los recursos y achicar los gastos”. En ese marco, planteó que el cuidado del patrimonio estatal no es solo una cuestión presupuestaria, sino también política, al afirmar que “cuidar cada peso del Estado también es cuidar la confianza de la gente”.
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La diputada vinculó su iniciativa con la política de austeridad impulsada por el presidente Javier Milei a nivel nacional y consideró que esa señal confirma una demanda social extendida. Según expresó, existe un consenso creciente en torno a la necesidad de “terminar con los privilegios” y garantizar un uso ético y eficiente de los recursos públicos, especialmente en un contexto de ajuste y exigencias hacia la ciudadanía.
El proyecto propone establecer reglas claras, mecanismos de control y criterios estrictos para impedir la utilización de vehículos oficiales con fines personales. Para Gómez, se trata de una práctica que durante años deterioró la credibilidad de la dirigencia política y alimentó el malestar social. “El Estado no puede pedirle esfuerzo a la gente si no empieza por dar el ejemplo”, sostuvo, al remarcar que los bienes públicos pertenecen a los mendocinos y deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de funciones oficiales.
La legisladora subrayó que la iniciativa no responde a una lógica ideológica, sino a criterios de gestión. En ese sentido, afirmó que ordenar y transparentar el uso de los recursos públicos es una condición necesaria para recomponer el vínculo entre el Estado y la sociedad, y para construir una administración más austera, creíble y cercana.