El Gobierno provincial denunció, un fiscal federal investigó y pidió la imputación de una funcionaria y ahora en el Ejecutivo ven una “jugada política” detrás de todo, a un mes de las elecciones. Ese sería un resumen de una bomba que estalló cerca de las autoridades provinciales por la muerte de animales en el Zoológico de Mendoza.

El comienzo de la historia se remonta al 2016, un año plagado de denuncias cruzadas entre las autoridades de la Secretaria de Ambiente de la provincia y de los empleados del ex Zoológico por la muerte de decenas de animales alojados en ese paseo del parque General San Martín.

En busca de responsables, el secretario Humberto Mingorance solicitó en mayo del año pasado que la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente (UFIMA) abriera una investigación.

Por entonces, las miradas apuntaban a los empleados del ex Zoo. Sin embargo tras la investigación la UFIMA, que depende de la Procuración General de la Nación a cargo de la kirchnerista Alejandra Gils  Carbó, solicitó que se denunciara penalmente a la actual directora el Ecoparque, Mariana Caram, por maltrato animal e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Desde la Secretaria de Ambiente aseguraron que desconocen la solicitud de imputación realizada por el titular de la Fiscalía Federal en Materia Ambiental, Ramiro González. Además sostienen que no han sido notificados por ninguna vía y que, por lo tanto, ningún funcionario de esa dependencia hará declaraciones al respecto.

No obstante señalaron que tras pedir a la UFIMA que investigará los hechos ocurridos en el ex Zoo no tuvieron ninguna devolución y deslizaron que esta “supuesta solicitud” podría tratarse de un “manejo político” de algún sector que está en contra del Ecoparque.

El abogado Joaquín Faliti, quien es querellante junto al letrado Omar Fornetti en otras causas contra las autoridades del ahora Ecoparque, afirmó que en el expediente de la UFIMA “hay pruebas de sobra” contra Caram lo que arrojó un resultado desfavorable para la Secretaría de Ambiente, que era la denunciante.

Según el letrado, en la investigación se constató que los médicos veterinarios habían advertido a la funcionaria en varias oportunidades la grave situación en la que se encontraban los animales solicitándoles una rápida solución.

Faliti afirmó que la causa está en manos del fiscal especial Santiago Garay, quien a su entender debería imputar a Caram “en los próximos días”. Pero el propio Garay lo desmintió.

El fiscal confirmó a este diario que él no imputará a Caram porque la solicitud de la UFIMA no está a su cargo: “Yo tengo una causa que inició la directora para que se investigaran las muertes pero la voy a archivar porque no veo que haya delito ni por parte de los trabajadores ni de los veterinarios”, señaló.

Desde fines de mayo de 2016, el ex Zoológico permanece cerrado al público. Sin embargo, desde diciembre  2015 ha sido tema de discusión en diferentes ámbitos y la cantidad de muertes –más de 300– desembocaron en un cruce entre autoridades, trabajadores, gremios y algunos grupos de proteccionistas.

Las diferencias entre autoridades y empleados llevaron a que se le impusiera un bozal mediático a los trabajadores, el traslado de dos veterinarios a otros ministerios y una cantidad importante de idas y vueltas en las que los únicos perjudicados fueron los animales.