La postulación a la Suprema Corte de la coordinadora del Ministerio Público Fiscal, Teresa Day, sigue generando voces encontradas. En esta ocasión organismos de Derechos Humanos presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el pliego de la candidata de Rodolfo Suarez.

Además solicitaron que se dicte medida de no innovar y que se suspenda el procedimiento de tratamiento del pliego de la coordinadora del Ministerio Público.

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Con esta acción ahora será la Sala II, integrada por los jueces Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio, quien deberá decidir si se está violando el artículo 152, inciso 3, de la Constitución provincial que requiere como requisito 10 años de ejercicio de la profesión u 8 de magistratura.

Justamente desde diversos sectores los cuestionamientos han surgido en torno a los años de ejercicio de Day al frente de la abogacía.

“La señora Day se recibió de abogada como empleada judicial y jamás ejerció la profesión de abogada”, señalan en la acción presentada. “No cuenta con una trayectoria, idoneidad, capacidad, probidad y conducta pública que impone el bloque de constitucionalidad con el fin de evitar mayorías automáticas que quiebren el principio de independencia del Poder Judicial”, añade el comunicado.

Los organismos denunciantes hablan también de una “falta de idoneidad ética” al aludir que participó de un “acto de corrupción” en beneficio de la hermana del Procurador General Alejandro Gullé.

Por otra parte, al igual que las agrupaciones feministas, cuestionan que Day no cumple con el artículo 75 de la Constitución Nacional, de contar con formación “científica y profesional en temas de género, diversidades e identidades sexo-genéricas, lo que constituye un requisito de idoneidad constitucional ineludible”.

Además hacen referencia a que la candidata “carece de trayectoria y de formación académica, científica y profesional en temas de derechos humanos, con especial referencia a géneros, diversidades e identidades sexo-genéricas, lo que constituye un requisito de idoneidad constitucional ineludible para ocupar el cargo de magistrado del máximo tribunal de nuestra provincia” y que “no inspira la confianza en su independencia de criterio, su integridad y honestidad que deben transmitir los magistrados a la sociedad democrática”.

También otro punto de disidencia al que hacen referencia es que la postulante no tiene antecedentes de formación en materia de derechos humanos, ni formación respecto de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Entre los organismos que realizaron la denuncia se encuentra la Asociación Ecuménica de Cuyo; la Asociación de Mujeres Cotidianas, la Biblioteca y Casa de la Memoria y la Cultura Popular y la Asociación Civil “La Machi” Centro de investigación e intervención en Salud Mental y Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

La medida cautelar.