La Asociación de Funcionarios del Poder Judicial trabó una acción de amparo contra la Provincia de Mendoza para que se declare la nulidad de la acordada que dispone traslados de personal del Fuero Civil al de Familia y que generó un conflicto al interior de la Justicia entre los jueces de los tribunales de gestión asociada y miembros de la Suprema Corte de Justicia.
La entidad también planteó una serie de medidas cautelares para que se suspendan los efectos de la resolución Nº 24.489 y para que el personal que ya fue trasladado, vuelva a su puesto de trabajo.
La polémica disposición se refería a la migración de la figura del administrador, secretarios, prosecretarios y administrativos. Hasta los primeros días de marzo, quedó frenado el traspaso de los prosecretarios.
El titular del gremio, Marcelo Fekonja, detalló que la demanda se inició contra la provincia, porque es el organismo legítimo pasivo de las consecuencias de la decisión de la Sala Administrativa.
Desde el Gobierno aclararon que el gobernador -en este caso, Rodolfo Suarez- es el representante legal de la Provincia de acuerdo al artículo 128 inciso 1 de la Constitución de Mendoza. La respuesta a la acción de amparo, de todas formas, será dada por Asesoría de Gobierno, que está a cargo de Ricardo Canet.
Fekonja, que es secretario del Fuero Laboral, indicó que con el amparo lo que se busca es proteger los derechos de los empleados que cambiaron de función, que habían sido capacitados para su tarea en el Fuero Civil pero que ahora han sido trasladados de área.
“No desconocemos la necesidad que pueda existir en los tribunales de Familia, lo que estamos diciendo es que no se puede resolver esa falta de personal, con el recurso existente en el Fuero Civil“, aclaró el referente sindical.
La demanda fue presentada en el Juzgado Civil Nº3, donde la jueza Fernanda Beatriz Salvini se excusó y recayó en el tribunal del magistrado Oscar Eduardo Vázquez, el que accionó un protocolo para que otro magistrado externo resuelva un tema que afecta a los funcionarios de esta materia.
Ante esto, este jueves se hizo cargo de esta presentación el conjuez Sergio Boverman, quien deberá resolver en primer lugar las cautelares, antes de la cuestión de fondo.
“No hemos cometido ninguna ilegalidad”
El acto de apertura del Año Judicial estuvo marcado por la rebelión de los jueces civiles que se resisten a perder personal y han mantenido la acción de revocatoria de la acordada.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, afirmó: “Hemos sido notificados de la presentación de una acción de amparo, la que vamos a responder en tiempo y forma, pero quiero dejar en claro que no hemos cometido ninguna ilegalidad. La Corte está autorizada a disponer, a través de la Sala Administrativa de este tipo de cambios, que están específicamente en el Código Procesal de Familia, facultades que reconoce la propia Constitución”.
A la vez afirmó que se mostró sorprendido de la actitud de los jueces civiles y aclaró que el diálogo está abierto, pero que se canalizará a través de la Asociación de Magistrados.
“Estoy predispuesto al diálogo, pero no en un clima de patota”, concluyó.