Desde que el presidente Mauricio Macri decretó la prohibición de designar familiares de funcionarios de alta jerarquía en la administración nacional estatal, la presión se instaló sobre el gobierno de Alfredo Cornejo ¿El mandatario provincial impulsará una resolución similar en Mendoza? La respuesta desde Peltier 351 fue automática: las medidas para combatir en nepotismo en la provincia se tomaron desde el primer día de la gestión.

Además fuentes del oficialismo aseguraron que en Mendoza ya existe la prohibición de designar parientes en el Estado. La restricción aparece en la Ley de Ética Pública, sancionada en agosto del año pasado.

El inciso 7 del artículo 7 de esa norma sostiene: “Los sujetos obligados/as cuyas facultades determinen la designación de personas para el ejercicio público, no podrán designar parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, o tercero de afinidad para que presten servicios en la repartición a su cargo, salvo que cumplan con el requisito de idoneidad debidamente acreditado”.

Sin embargo esa prohibición recién entrará en vigencia cuando se designe un auditor que será responsable de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. Su función será, básicamente, controlar que se respete la ley.

“Tengo entendido que en los próximos días el gobernador enviará” a la Legislatura el pliego con el candidato para ocupar ese cargo, aseguró el senador Juan Carlos Jaliff, una de las principales espadas legislativas de Cambia Mendoza.

En comparación con el decreto de Macri, la ley mendocina aparece como más flexible. En este sentido sólo restringe el ingreso de familiares en la repartición a cargo del funcionario, dejando abierta la posibilidad de acceder al Estado en otras dependencias.

Además menciona una excepción que habilita ingresos discrecionales al sostener que los parientes “que cumplan con el requisito de idoneidad debidamente acreditado” podrán trabajar en la administración pública.

No está claro quién determinará cuáles son esos “requisitos de idoneidad” que menciona la ley 8.993. Sin embargo desde el oficialismo aclararon que ese punto de está vinculado a la norma provincial que determina que para acceder o ascender en el Estado hay que rendir un concurso. De esta manera se descartan, en la opinión de los funcionarios provinciales, los tradicionales “acomodos” de personal.

La aparición del decreto presidencial reavivó también un proyecto de ley del diputado demócrata Marcos Niven para prohibir los nombramientos directos. “En Mendoza se ha cumplido únicamente con la disminución de cargos políticos, se bajó la cantidad de ministros, pero no se ha cumplido con la ley de nepotismo”, dijo el legislador que forma parte del bloque de Cambia Mendoza pero ha tenido fuertes cruces con el radicalismo.

“El proyecto de Niven es innecesario porque ya está aprobado en la ley de Ética Pública. La aprobaron los senadores y los diputados, como cualquier ley. Por eso me llamó la atención que se insista con eso, cuando ya lo tenemos”, respondió Jaliff.