Hace unos cuantos años, cuando la Suprema Corte le puso los puntos y condiciones a la YPF extranjerizada para poder desarrollar el proyecto petrolero en Llancanelo, Alejandro Pérez Hualde, unos de los jueces firmantes del fallo, explicó que el máximo tribunal había, además de resolver el litigio planteado entre la empresa y los ambientalistas, ejercido su rol como órgano de control.

El razonamiento fue un poco más allá. Aclaró que no era una cuestión vinculada con la idiosincrasia argentina esta idea de animarse a realizar un emprendimiento potencialmente contaminante en una reserva natural. En todo el mundo, si el contexto lo permite, los empresarios lo intentarán. A partir de ahí entra el juego el nivel de institucionalidad de cada país y el funcionamiento de los organismos que deben garantizar el bienestar ciudadano.

Es un juego con reglas simples. El dueño del negocio buscará siempre obtener la mayor rentabilidad al menor costo posible. En ese caso, hacer perforaciones en Llancanelo con las restricciones impuestas por la Corte implicaba una onerosa inversión, muy por encima del proyecto original.

El riesgo empresarial es discrecional en Argentina. Lo asumen aquellos que tienen pymes que intentan trascender en mercados altamente competitivos; los que imponen productos innovadores; los que tratan de subsistir y mantenerse a flote a pesar de los golpes de nocaut producidos por la incertidumbre de las nulas o espasmódicas políticas estatales, que no son precisamente políticas de Estado. Tiene que ver con el humor del Ejecutivo de turno y el rumbo que se tome.

En Mendoza, en particular, hay una actividad que configura el ideal para aquellos que buscan ganancias arriesgando poco: el transporte público. Con algunas variaciones, el servicio es manejado por los mismos grupos empresarios desde hace décadas. La inversión es la justa y necesaria, gozan de controles débiles, no tienen competencia y todos los costos los asume el Estado o los pasajeros. En definitiva, siempre los pasajeros.

Un cambio radical como el propuesto por Mendotran debió haber sido acompañado por otro compromiso empresarial. Involucraba a cientos de miles de personas de manera directa e implicaba una renovación cultural. Pero, tal como ocurrió en aquella ocasión con Llancanelo, era el Estado el que debía imponer las condiciones y exigencias acordes con el negocio millonario que iba a desarrollarse.

Una de las modificaciones clave del nuevo sistema, por ejemplo, era la identificación de las unidades. Servía para darle un poco de claridad a tanta confusión. Pues bien: el plazo para pintar todos los colectivos es de casi un año. Todo muy laxo y muy relajado para algo tan profundo.