La presentación ante la Justicia de Marcelo D’Agostino, luego de ser denunciado por abuso sexual y violencia de género y renunciar a su cargo en el Ejecutivo, sumó en las últimas horas un elemento que no pasó desapercibido en el edificio del Ministerio Público: el cuestionamiento que hizo a la constitucionalidad del artículo 293 del Código Procesal Penal (CCP), es decir, a la prisión preventiva, una de las piezas centrales de la reforma que él mismo impulsó durante sus primeros pasos en gestión en el Gobierno provincial, allá por el 2016.
El ex funcionario a cargo de la Subsecretaría de Justicia, se presentó ante la fiscal de Violencia de Género Valeria Bottini el lunes por la tarde, donde le tomaron una declaración informativa y quedó a disposición de la instrucción que se inició a partir de la denuncia de su ex pareja. La causa se originó por presuntos hechos de abuso sexual y un contexto de violencia de género que, según la presentación que fue publicada por este diario, se habría extendido durante varios años dentro de la relación.
Marcelo D’Agostino se presentó ante la Justicia luego de ser denunciado por abuso sexual
El ex subsecretario de Justicia de la provincia, Marcelo D’Agostino, se presentó este lunes por la tarde ante el Ministerio Público luego de la denuncia penal en su contra por abuso sexual y violencia de género. La comparecencia se concretó ante…
De acuerdo con los elementos incorporados en la causa, la denuncia también menciona situaciones de amedrentamiento y el presunto uso de un arma de fuego como forma de intimidación. En ese marco, los investigadores ya lograron ubicar una pistola calibre 9 milímetros que fue entregada por el propio D’Agostino y que quedó bajo análisis en la causa, junto con otra evidencia que se está produciendo en esta etapa inicial.
Sin embargo, el contenido del escrito que ingresó su defensa abrió un frente paralelo, vinculado a la discusión sobre los criterios de detención durante el proceso penal, ya que solicitó continuar el mantenimiento de la libertad.
En ese planteo, además de proponer a sus abogados, Daniel Sosa Arditi y Eduardo de Oro, solicitó el mantenimiento de la libertad y sostuvo que la aplicación automática del artículo 293 resulta inconstitucional si se la interpreta como una regla que obliga a dictar prisión preventiva en función de la gravedad del delito.
Básicamente, la defensa de D’Agostino dice que la ley está mal redactada porque se contradice. Por un lado, el CPP dice que todas las personas deben esperar el juicio en libertad (artículo 281). Pero, por otro lado, el 293 (que él mismo apoyó cuando era subsecretario de Justicia) obliga a dejar detenidas a las personas si el delito es grave, antes de que se demuestre si realmente hay peligro de que escapen.
Lo curioso -y polémico- es que, durante años, D’Agostino mantuvo una postura de que esa dureza era necesaria para que los delincuentes no salieran rápido de la cárcel, al unísono con el Gobierno.
Ahora, luego de ser denunciado, que él es el acusado, sus representantes legales aseguraron ante el Ministerio Público que esa misma lógica es “inconstitucional” porque castiga a alguien antes de que haya una sentencia firme, usando un argumento que él mismo cuestionaba cuando era funcionario.
Ese punto es el que más llamó la atención en el ámbito judicial. No solo por el contenido técnico del planteo, sino por el antecedente inmediato: D’Agostino fue uno de los principales impulsores de la reforma de hace diez años, que endureció los criterios de detención, limitó la discrecionalidad judicial y buscó evitar excarcelaciones en delitos graves.
Aquella modificación, incorporada a través de la Ley 8.869, cambió el paradigma al priorizar la gravedad del hecho y los antecedentes por sobre una interpretación amplia de la libertad durante el proceso.
Marcelo D’Agostino entregó su teléfono a la Justicia y la extracción de datos duró varias horas
Daniel Sosa Arditi, abogado del exsubsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino, denunciado por presunto abuso sexual y violencia de género, afirmó que no ha sido imputado ni fue citado a declarar en la causa. En tanto, este lunes, D´Agostino se presentó voluntariamente…
Ahora, en su presentación, la defensa del ex funcionario advirtió que ese mismo esquema puede resultar contrario a la Constitución si se aplica como una presunción de inocencia absoluta.
En ese sentido, planteó que la norma solo sería válida si se la interpreta de manera flexible, permitiendo evaluar caso por caso la existencia de riesgos procesales concretos, como la posibilidad de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
En paralelo, por lo que detallaron las fuentes consultadas por este diario, la causa continúa en una etapa inicial de instrucción. Hasta este martes, no hay imputación formal y la fiscal Bottini avanzaba con la recolección de pruebas, entre ellas la ratificación de la denuncia, peritajes psicológicos y el análisis de evidencia digital aportada por la defensa, básicamente, luego de que D’Agostini pusiera a disposición su teléfono celular (oficial) para que le extraigan información para ser analizada por peritos.