Los organismos de control son ámbitos con carácter constitucional. La vida política de las instituciones mendocinas y la responsabilidad de los funcionarios que circunstancialmente fueron designados para administrarlas, dependen en gran medida de la lupa que ponen estos mecanismos revisores.
En esta instancia, el oficialismo ha impulsado en la Legislatura una modificación en el Tribunal de Cuentas y los cambios han provocado más rispideces entre las fuerzas políticas, ya que su actual titular ha solicitado que se amplíen sus atribuciones para, entre otras cosas, mover al personal, designar funcionarios, promover un recurso de reconsideración y un sistema oral para los funcionarios sometidos al control de sus acciones administrativas.
La reforma ha generado el rechazo, incluso, de los especialistas que trabajaron en estos cambios en el último tiempo, lo que hace poner en duda sobre las intenciones de modificar un organismo que no es ajeno a las tensiones políticas. Es que cada gobierno, sin distinción, se ha esforzado en colocar a personal que tiene vinculaciones partidarias cuando la situación lo permitía. Un fallo sobre el escándalo de la caja chica en Vialidad Provincial demostró que la grieta también se palpa en esa instancia cuya misión es la imparcialidad.
En el fondo el tribunal debe ejercer con independencia. Ese es el espíritu de estos organismos descentralizados que tienen presupuesto propio y que ejercen la revisión sobre los actos de los funcionarios en su paso por el Estado. Pero a la vez también deben practicar sobre sí mismos la transparencia que exigen a otros ámbitos en los que se ejerce el poder.