Las réplicas del terremoto que provocó la Casa Rosada en el Poder Judicial con su proyecto para reducir las jubilaciones de los jueces nacionales y federales se sentirían también en Mendoza.

La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) criticaron la iniciativa por considerar que es violatoria de la independencia judicial e inconstitucional. El propio presidente Alberto Fernández salió al cruce de los cuestionamientos: “No me parece feliz que los jueces amenacen diciendo ‘como nosotros resolvemos la constitucionalidad, le aviso que, si me tocan las jubilaciones, yo lo voy a declarar inconstitucional’”.

De avanzar la iniciativa en el Congreso, las jubilaciones de los jueces, fiscales y prosecretarios mendocinos también se verían disminuidos porque están atados al régimen de los magistrados federales.

Esto es así desde el acuerdo firmado por el Ejecutivo local y la Corte provincial en 2008, tras un conflicto por la indexación salarial que se extendió durante siete años. Ese convenio determinó la unificación de las remuneraciones de los magistrados y la adhesión a partir del año siguiente a la “media nacional” para que los sueldos de los jueces provinciales tuvieran la misma evolución que el salario de los nacionales. Las jubilaciones también quedaron atadas a la ley nacional.

Según publicó el diario La Nación, en la misma situación de los jueces mendocinos están los de la Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Santiago del Estero, San Luis, Tucumán, San Juan y Salta. Todos cobran jubilaciones de la Anses y verán afectados sus ingresos en caso de aprobarse la iniciativa de Fernández.

El proyecto

La iniciativa presentada en el Congreso propone un aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los 65 años, dado que actualmente rige a partir de los 60, e incrementar los aportes del 12 al 19 por ciento.

El proyecto propone también que la jubilación de los magistrados será equivalente al 82 por ciento del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años.

Además establece que se incrementen los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio (no incluye a los prosecretarios administrativos), entre otras cuestiones.