Los últimos acontecimientos político-judiciales que han conmovido a las instituciones en la provincia han disparado el análisis de un proyecto de ley –en una etapa muy embrionaria por el momento– que apunta a evitar el denominado fórum shopping, que ha comenzado a ser utilizado en los litigios políticos que llegan a la Justicia mendocina. No hay que esperar mucho para conocerlo: buscará trasformar a la Suprema Corte en un tribunal colegiado en el que se sortearán los jueces y las salas para el tratamiento de las causas que lleguen al más alto tribunal.

Luego de que el gobernador Rodolfo Suarez le tomara juramento –en un trámite más que exprés– a la doctora María Teresa Day como nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia, a pocos minutos de que el Senado, con la sola participación de los legisladores del oficialismo, le diera aprobación a su pliego, en la oposición no sólo se levantaron fuertes cuestionamientos a la maniobra, sino que comenzó a gestarse la posibilidad de hacer una presentación, también ante la Corte, a todo o nada y por el fondo de la cuestión: en el peronismo se insiste en que la nueva ministra no cumple con los requisitos constitucionales para ejercer tal cargo; esto es que no tiene diez años en el ejercicio de la abogacía ni, mucho menos, ocho como magistrada.

Lo que no pudo lograr el peronismo opositor fue que Day no asumiera el cargo, objetivo que buscó con esa medida cautelar que recayó en la Sala 2 de la Corte, apenas se supo el nombre de la candidata del gobernador. La respuesta a esa cautelar se conocería hoy, luego de la votación del Senado. Pero, todo indica que ni la Sala 2 de la Corte ni tampoco el peronismo esperaban que Day asumiera el cargo de inmediato, tras la aprobación del Senado. “Ya asumió, no se puede hacer más nada”, reconoció un integrante del tribunal, ayer, pasado el mediodía, sobre su flamante nueva compañera y a poco de consumado el acto.

La polémica alrededor de la designación, aprobación y jura en la Corte de quien fuera hasta horas atrás la coordinadora del Ministerio Público Fiscal no es más que un nuevo capítulo de ese enfrentamiento político de envergadura que vienen protagonizando peronistas y radicales en la lucha por el poder en Mendoza, agravado –o con más visibilidad, si se quiere– desde que aflorara la denominada grieta que alimentaron el kirchnerismo en la Nación con el cornejismo en la Provincia. Antes de que surgieran tales fenómenos políticos, las disputas políticas se protagonizaban con polémicas airadas y alto impacto en los medios. La diferencia en la actualidad es que tales colisiones se dan en todos los ámbitos: por caso, han alcanzado a los niveles de la sociedad que solían ser meros espectadores frente a actos de comedia que consideraban poco importantes y hasta inútiles, están en los medios de comunicación, han colonizado el periodismo, han prendido y florecen en el mundo empresarial y, quizás, lo más llamativo es que muchos de estos asuntos sin resolver (por la política agrietada) han recalado en la Justicia. Una Justicia que, como se ve y se aprecia sin mucho esfuerzo, también se divide y toma partido entre unos y otros.

Una vez que el Senado aprobó el pliego de Day, con la sola participación del oficialismo, porque los senadores de la oposición optaron por no asistir para no avalar un tratamiento de un acontecimiento que previamente consideraron irregular, Suarez convocó al cuarto piso de la Casa de Gobierno a Day, a algunos de sus colaboradores, a los intendentes del oficialismo del Gran Mendoza, al vicegobernador, a otros legisladores y al saliente cortesano Jorge Nanclares y le tomó juramento a la nueva integrante. Con ello dejó fuera de juego a la cautelar impuesta por el peronismo y cuyo resultado se conocería hoy. Esa medida apuntaba a impedir que Day asumiera. Si el peronismo insiste, lo deberá hacer con otros argumentos y en otro contexto, y el reclamo debería recaer en otra sala, en la 1 y no en la 2, que está compuesta por Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio, afín a la postura y los planteos que hizo la oposición. La primera, en cambio, se cree que, en caso de fallar, avalaría todo lo que el oficialismo ha hecho con Day. Está integrada por los ministros Dalmiro Garay, Pedro Llorente y Julio Gómez.

Lo que viene es parte de la imaginación y de la estrategia política, desde ya. La biblioteca del Derecho, siempre tan repartida, parece coincidir, en general, en que una determinada votación del Senado respecto de la aprobación de un pliego de un integrante de la Justicia, en cuanto a su idoneidad y capacidad, es una decisión política “no revisable” por la Justicia. Sin embargo, otro escenario constituye el aspecto de los requisitos constitucionales de la postulante, en este caso de Day, para ocupar el lugar de Nanclares en el más alto tribunal. Con lo que se abre la posibilidad de alguna presentación en ese sentido. Sólo hay que esperar.

Ahora, bien, retomando esa descripción del enfrentamiento permanente y constante entre el radicalismo y el peronismo, al menos, ha permitido que se comience a discutir un proyecto para evitar que se elijan las salas, los jueces y los tribunales, esperando los turnos correspondientes, para las presentaciones en la Justicia. La idea, como se preveía, ha empezado en el ámbito judicial, allí, en la Corte, la misma que ha estado bajo sospechas de todo tipo de enfrentamientos internos en el último tiempo.