Buena parte de la suerte del plan de obras públicas del gobierno de Rodolfo Suarez está en manos de la flamante ley sancionada ayer por el Senado nacional, por la cual el Parlamento, con los votos de la oposición de Cambiemos, habilitó al presidente Alberto Fernández a buscar el mejor camino posible para reestructurar la deuda externa del país, calculada en 142 mil millones de dólares.

La aprobación del proyecto, denominado de Sostenibilidad de la Deuda Externa, se transformó en la llave casi inesperada con la que contará Suarez para destrabar, posiblemente, la negociación local que mantiene su gobierno con la oposición peronista, la que se ha negado en los últimos meses, situación que ha ratificado en el arranque del nuevo gobierno, de prestar sus votos y, con ello, su acuerdo al ruego del oficialismo para que sea habilitado a renegociar con los acreedores privados de Mendoza vencimientos del orden de 6.500 millones de pesos, tema que se conoce tanto técnicamente como al nivel de medios como roll over.

Lo mismo que consiguió la administración de Fernández a nivel nacional con la aprobación parlamentaria de una herramienta vital, más allá de las críticas y cuestionamientos que se destinaron oficialistas y opositores como era de esperar, y que consiste en un fuerte aval político general para que el Gobierno encuentre mejorar plazos y tasas de interés para pagar las deudas, es lo que Suarez está reclamando en Mendoza y es lo mismo que buscó conseguir, sin éxito, el gobierno de Alfredo Cornejo durante su último año de gestión.

Se cree que, de ahora en más, y a la luz de lo que sucedió en el Congreso nacional, el peronismo mendocino puede que tenga que ceder en su negativa a permitirle a la administración de Suarez salir a renegociar los vencimientos de la deuda y hacerse, a la vez, de unos cuantos millones de pesos para destinarlos al sostenimiento del plan de obras públicas. Tanto es así que la ley que terminó de discutir ayer el Congreso incluyó una recomendación, como si se tratase de un permiso extensivo hacia las gobernaciones para buscar un mecanismo de renegociación de sus propias deudas. Eso, en concreto, es lo que Suarez y el resto de los gobernadores de la oposición le solicitaron a fines de enero al gobierno de Fernández en aquellos promocionados encuentros que mantuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con los jefes de Estado.

El gobierno de Suarez necesita la habilitación para renegociar con los acreedores y poder contar con esos 6.500 millones de pesos que se destinarían a financiar la terminación de las obras públicas que están en marcha. Todo está incluido en el proyecto de presupuesto enviado a la Legislatura algunas semanas atrás. Allí también se ha incluido otro pedido a la Legislatura, pero, en este caso, mucho más polémico que el del casi obvio y de sentido común roll over: la autorización para buscar préstamos por unos 300 millones de dólares que, según promete el gobierno de Suarez, serían utilizados para costear un ambicioso plan de obras públicas repartidas en todo el territorio provincial.

Este punto –el de la nueva deuda– es, sin dudas, el de más difícil resolución. Tanto que, probablemente, la administración no logre conseguirlo si es que no accede a reconfigurarlo dividiendo el programa de obras públicas y de pedido de financiamiento entre varios presupuestos anuales, es decir, a lo largo de toda su gestión de cuatro años. El peronismo, sobre el punto, sostiene que Suarez pretende que se le apruebe de una sola vez una autorización para salir a buscar deuda que usaría de acuerdo con su conveniencia y necesidades en los cuatro años de gobierno. “Eso jamás ha sucedido”, dicen los legisladores peronistas más reticentes a darle esa herramienta. Y contraatacan con una exigencia que, a su vez, el gobierno de Suarez no tiene pensado cumplir, ni mucho menos acceder, a tal reclamo: culpar públicamente a la administración de Alfredo Cornejo –a quien el kirchnerismo de Mendoza acusa de haber sido el causante de todos sus males y de las maldiciones que cree que lo acompañan–, por el crecimiento de la deuda pública de Mendoza y de una mala praxis, en concreto, en el manejo de las cuentas públicas y la situación financiera de Mendoza.

En la administración provincial están convencidos de que el peronismo está detrás del objetivo central de hacer caer una suerte de mito que tiene que ver con que los radicales, cuando gobiernan, lo hacen bien y ordenadamente, mientras que, cuando le ha tocado al peronismo, se ha ido del gobierno dejando una estela de malas gestiones y serios problemas de endeudamiento. “Si nosotros o el gobernador Suarez entrega públicamente a Cornejo, algunos dirigentes peronistas, en particular los ligados a La Cámpora, se mostrarían muy satisfechos y hasta es posible que militen la aprobación de las leyes que les estamos solicitando, además de salir a la calle y decirles a los mendocinos que lo del mito no es cierto”, cuentan, divertidos, algunos voceros de peso del Gobierno provincial.