El Gobierno provincial planea contratar a una consultora para “profesionalizar la discusión” y evaluar proyectos y herramientas para poder definir la política minera que llevará adelante la gestión de Alfredo Cornejo. La idea lograr un manejo de grupo para poder conformar una mesa de consenso minero para la discusión de los proyectos.
En torno a este tema, esta mañana sectores vinculados a la minería se manifestaron en la puerta de la Casa de Gobierno para solicitarle a Cornejo “la reactivación de la industria, hoy virtualmente paralizada”. Según señalaron en la provincia hay unos 12 mil trabajadores mineros desocupados, por lo que presentaron un petitorio.
“La gente no tiene trabajo hace mucho tiempo. Pedimos que concretamente nos digan cuál será la política minera provincia, queremos saber el estado real de los proyectos y actos concretos”, señaló desde la Cámara de Servicios Mineros, Carlos Ferrer. “Nos dicen que es una cuestión política, entonces queremos hablar con la política”, añadió.
Entre los ex trabajadores que se acercaron a reclamar, se encontraban quienes se quedaron sin trabajo tras la salida de la minera brasileña Vale del proyecto Potasio Río Colorado, en Malargüe.
Los mineros fueron atendidos en la calle por el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, quien reiteró que el Ejecutivo busca definir un plan de trabajo para el proyecto Potasio Río Colorado para avanzar también en la búsqueda de nuevos inversores.
Pero en lo que se refiere a política minera, Guiñazú señaló: “Contrataremos a una consultora para que se puedan delinear todos los aspectos y criterios a tener en cuenta para desarrollar una política minera”.
Esa contratación le saldrá al Gobierno no menos de dos millones de pesos, según el funcionario, quien agregó que los resultados de este estudio, “le permitirán al Gobierno profesionalizar la discusión para lograr a futuro una mesa de consenso”. La idea es que lo profesionales logren un manejo de grupo, de todas las partes intervinientes para lograr lograr automatizar mecanismos para que los proyectos logren consenso.
“Esto es como empezar de cero, nos hemos puesto un plazo de seis meses”, señaló Guiñazú. La idea de la gestión “es definir una política minera y estudiar cada proyecto para que cuando lleguen a la Legislatura sean sustentables en lo social, ambiental y en lo económico para la Provincia”.
“Vamos a levantar la información y opinión de todo el mundo y en base a eso vamos a proponer una política minera al gobernador y una herramienta de evaluación de proyectos”, cerró Guiñazú.
Por su parte el ex miembro de la Red Ambientalista OIKOS e integrante de la Secretaría de Ambiente, Eduardo Sosa, aclaró que la contratación de la consultora es para “elaborar una estrategia en torno al desarrollo de ciertas actividades mineras”.
Sin embargo no se animó a arriesgar ningún resultado en cuanto al éxito o fracaso de este iniciativa, Sosa señaló que dependerá de que los actores estén dispuestos a “dialogar”.
“Toda iniciativa que propenda al diálogo y consenso tiene que ser apoyada, no podemos vaticinar si será exitosa, depende de la voluntad de muchos actores de consensuar intereses comunes”, concluyó.
La otra consulta
En febrero pasado, trascendió que el Gobierno contrataría a una consultora española para determinar que hacer con el sistema de transporte público. Se trata de la consultora BB&J, que recibirá nada menos que 13 millones de pesos por el trabajo.
Lo llamativo es que la idea del Ejecutivo provincial es tomar al Metrotranvía como troncal del nuevo sistema de transporte, un esquema similar al que había pensado el gobierno anterior, de ahí que fuera cuestionada la contratación de esta consultora.