BUENOS AIRES (DYN) El Senado aprobó ayer y convirtió en ley la eliminación de un artículo de la norma nacional de empleo que permite que el salario mínimo vital y móvil puede ser considerado como índice de referencias para discusiones paritarias y aumentos jubilatorios. La votación resultó una derrota del oficialista Frente para la Victoria, que obtuvo 26 adhesiones contra 34 de la oposición. Por pedido del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el kirchnerismo votó en contra de la medida, pese a que el bloque oficialista había votado a favor del proyecto. Fue la segunda votación perdida por el oficialismo en la jornada, después de que 35 senadores votaron a favor (contra 27) de convocar al titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), a fin de que informe sobre el funcionamiento del organismo.
El pedido data del año pasado, cuando el director de la ONCCA era Emilio Eyras, remplazado luego por Juan Manuel Campillo. La iniciativa, cuyo autor fue el diputado oficialista Héctor Recalde, fue aprobada por unanimidad en la Cámara Baja en diciembre del 2008, pero fue cuestionada por Tomada, quien el martes pidió en una reunión de comisión que la medida no fuera aprobada.
El proyecto elimina el artículo 141 de la Ley de Empleo, que expresa textualmente que “el salario mínimo vital y móvil no podrá ser tomado como índice o base para la determinación cuantitativa de ningún otro instituto legal o convencional”. El radical Alfredo Martínez (Santa Cruz) argumentó a favor de la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados y dijo estar “sorprendido por la actitud del Frente para la Victoria y del ministro Carlos Tomada” de reclamar el voto en contra de los legisladores.
El titular del bloque del radicalismo, Gerardo Morales, manifestó que la medida de la Ley de Empleo fue adoptada en 1991 y “forma parte sustancial de la política de flexibilización laboral que se instrumentó en al década del 90”. Asimismo, el socialista Rubén Giustiniani también promovió la aprobación del proyecto tras recordar que el salario mínimo vital y móvil había sido sancionado a instancia del diputado Alfredo Palacios en 1961.
También estuvieron a favor del cambio de legislación el justicialista federal Adolfo Rodríguez Saá, quien se permitió expresar que le alegraba poder adherir a una medida “pedida por los compañeros de la CGT”, así como la cívica María Eugenia Estenssoro. El titular del bloque oficial, Miguel Pichetto, defendió “la política laboral que desde el 2003 se propuso modificar la tendencia de la legislación de trabajo a favor de la flexibilización laboral”.