Ni fácil ni mucho menos sencillo le será al gobierno de Rodolfo Suarez transitar el camino por el que necesariamente tiene que construir confianza y seguridad plena de parte del Estado para que la provincia pueda de una vez por todas desarrollar la minería a gran escala y explotar los recursos naturales con que cuenta. Está claro que nada se consigue así porque sí, y menos cuando de política se trata, cuando una sociedad como la mendocina está cruzada por tantas adversidades, marchas y contra marchas y un par de desengaños muy dolorosos.

Pero, para el caso de la minería que se avecina en la provincia, el gobierno actual y el resto de la dirigencia oficialista u opositora, los mismos que se han jugado buena parte de su crédito intentando desmitificar lo que ha venido impuesto por muchos años como una actividad inviable, sin licencia ni apoyo social, la tarea hacia delante es mucho más compleja aún si se tiene en cuenta que se está ante un desafío inédito y sin antecedentes en el país: eso de construir un protocolo y un sistema de acción únicos que tenga que reducir a la mínima expresión la posibilidad de error.

En Mendoza, las empresas con cierto color épico cuestan mucho más que en otras partes, y no se trata de una expresión vinculada con alguna suerte de victimización. La historia así lo demuestra. Y puede que con la minería se esté ante uno de esos fenómenos. Chubut está en un proceso parecido al de Mendoza, y ahora se ha convertido en la única provincia con potencial minero en mantener las restricciones al uso de las sustancias químicas. Tan es así que a la 7.722 se la consideraba una ley espejo de una similar que está vigente en esa provincia patagónica y a la que se la conoce como la 5.001.

Para lo que viene, la licencia social que reclaman los proyectos se tendrá que ir construyendo ya no sólo desde una fuerte campaña de información y de esclarecimiento, sino, sobre todo, desde la práctica misma. El artículo 10 de la nueva norma sostiene que, además de los controles que se han establecido, el gobierno deberá contratar “para proyectos metalíferos de mediana y gran escala a auditorías internacionales de probada experiencia, las cuales deberán hacer un pormenorizado informe del estado de las explotaciones mineras, cumplimiento de las normas ambientales, condiciones de seguridad, existencia de incidentes ambientales, eventuales alcances y toda otra información que requieran los controles establecidos por ley”.

El peronismo, inmerso por su lado en un mar de fondo altamente inestable, comenzaba a evaluar los pasos que deberá dar obligadamente como parte de su responsabilidad. “Tenemos que salir a formar cuadros altamente especializados para lo que será la nueva empresa provincial de minería”, decía uno de sus referentes cercanos a la senadora Anabel Fernández Sagasti. El comentario venía a cuento de que la creación de esa nueva empresa surgió como propuesta del peronismo para enriquecer y mejorar el proyecto que había sido impulsado por el Ejecutivo. Además, fue una de las condiciones para acompañar el dictamen que finalmente se terminó imponiendo.

Está claro que la crisis económica y los casi tres años de recesión alimentaron la decisión política tomada por el gobierno de Suarez para encontrarle algunas alternativas de posibles soluciones a la problemática. También es cierto que la única meta de la que no podrá escapar el nuevo gobierno tiene que ver con una mejora en la situación de vida de los mendocinos, para lo que contará al menos y según parece con la colaboración de la administración de Alberto Fernández, que no es poco. Ayer, en Chubut, por caso, y donde se siguió muy de cerca el proceso de modificación de la 7.722, las crónicas daban cuenta del saludo del presidente a Mendoza junto a un reconocimiento claro cuando hizo suyo el proceso de reforma de la norma frente a un grupo de los más importantes empresarios del país. “En la meseta chubutense la situación de desempleo es agobiante. Según el área de Asuntos Municipales, la desocupación en esta región que se compone de entre 5 mil y 7 mil habitantes llega a 60 por ciento”, consignaba el diario El Patagónico.

El diario El País, de España, también se ocupaba de lo que está ocurriendo en Mendoza y de su debate a favor del desarrollo minero a gran escala. Pero, lo reflejó desde la visión de los sectores que se movilizaron rechazando que se abra la puerta a la actividad: “Las protestas en Mendoza han encendido las alarmas también en Chubut, en la Patagonia argentina. Chubut fue pionera en prohibir la minería a cielo abierto en el 2003, pero el Gobierno provincial ya ha anticipado que buscará levantarla para poder avanzar con la explotación de oro y plata. En cuestión de horas –agregaba la crónica del diario madrileño–, más de 18 mil personas han firmado una petición para exigir que se mantenga la normativa actual y se proteja a la provincia de las ‘consecuencias catastróficas’ de la minería ‘para el medio ambiente, los acuíferos, glaciares y ríos’”. En fin, todo lo que la nueva ley mendocina estaría protegiendo, al prohibir, desde el artículo 1 en adelante, la actividad minera en los territorios naturales protegidos y en la zona de glaciares y peri glaciares, particularmente.

De ahí que lo que se avecina para la actividad, pero, en especial, para el Gobierno, sea de un desafío único e inédito, sin margen para errores. Porque pareciera que no sólo el resto del país estará pendiente de lo que aquí se haga, sino buena parte del mundo propiamente dicho, en particular, por la férrea militancia a favor del medio ambiente.