De todos los errores cometidos en el manejo de la pandemia a nivel nacional, hay dos por los que los funcionarios deberían rendir cuentas en algún momento. Van más allá de la agudización de la crisis económica, del cierre de empresas, de la pérdida de puestos de trabajo y del capricho de la cuarentena más larga de mundo.
Lo más cuestionable, sin dudas, ha sido la negación sistemática a recuperar la presencialidad en las escuelas, dejando al descubierto el poder que ejercen los sindicatos por encima de los funcionarios. En esa sumisión ante la prepotencia gremial se puso en riesgo el futuro de millones de argentinos.
Detrás, pero con el mismo nivel de gravedad, está el desmanejo en la información de la llegada de las vacunas contra el coronavirus al país. Fueron tantas las marchas y contramarchas, desmentidas y aclaraciones, que, lejos de darle transparencia a un tema que es esencial en la política sanitaria, se permitió que se generara todo tipo de sospechas. Eso les terminó dando argumentos a los movimientos antivacuna, cuya nocividad impacta directamente en cualquier estrategia de salud pública.
El Gobierno es un manojo de confusión. Y, si las autoridades no logran dar precisiones netamente informativas y dejaron el relato político para otro momento, lo único que lograrán son niveles récord de desconfianza. Y que la gente no le crea a quien tiene por delante el desafío de ejecutar la mayor campaña de vacunación de la historia, es peligroso.
