Un gremialista de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) podría perder su trabajo en la Secretaría de Servicios Públicos por no justificar siete inasistencias entre abril y mayo de 2019.

Federico Luis Tonelli faltó a trabajar el 10, 15, 16, 17, 29 y 30 de abril y 3 de mayo de 2019. Esa situación habilita al gobierno a echarlo ya que una de las causas para aplicar la cesantía son las “inasistencias injustificadas superiores a seis días continuas o discontinuas, en el término de 6 meses”

Pero al ser congresal sindical de ATE, tiene inmunidad y su puesto de trabajo está protegido. Por ese motivo el decreto 12, publicado este lunes en el Boletín Oficial, determina la cesantía del agente, pero en suspenso. “La sanción… se hará efectiva una vez finalizado el proceso judicial de exclusión de tutela sindical”, aclara la norma que lleva la firma del gobernador Rodolfo Suarez y del ministro de Infraestructura, Mario Isgró.

A raíz de sus inasistencias injustificadas se le abrió un sumario administrativo y si bien fue citado a una audiencia indagatoria en febrero del año pasado, el trabajador no concurrió. La investigación finalizó con la sugerencia de la sanción de cesantía en suspenso “por haberse demostrado el hecho o conducta del agente Tonelli como responsable de la falta consistente en inasistencias injustificadas continuas a partir del mes de abril y mayo de 2019”.

También se aconsejó que “la sanción a aplicar se efectivice una vez finalizado el proceso de exclusión de tutela sindical”. En este marco, la subsecretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno indicó que deberá tramitarse la exclusión de la tutela gremial de Tonelli ante los Tribunales Laborales.

Recién en octubre de 2020 Tonelli presentó su descargo. Pero en los considerandos del decreto se aclara que esas presentaciones “resultan extemporáneas” ya que los plazos de defensa estaban vencidos.

El empleado, que fue electo Congresal Provincial de ATE en marzo del 2019, además planteó la caducidad del sumario y presentó certificados médicos para demostrar que faltó a trabajar por razones de salud. Pero esos comprobantes no fueron presentados “en tiempo y forma” ante el Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Servicios Públicos, respondió el Gobierno.

Por tal motivo, el Ejecutivo avanzó en la sanción de cesantía en suspenso, que recién se hará efectiva una vez finalizado el proceso judicial de exclusión de tutela sindical.

El decreto además ordena a la Asesoría de Gobierno “a iniciar las acciones judiciales tendientes a la obtención de la exclusión de la tutela sindical… a efectos de aplicar la sanción de cesantía resuelta”.