Miércoles 3 de julio, a las 10 horas, en Belgrano 815 de Ciudad. Día, hora y lugar de una reunión que el Gobierno seguirá con atención porque involucra directamente a Edemsa, la principal distribuidora eléctrica de la provincia.

Después de varias prórrogas, se espera que esta semana el directorio de la empresa que atiende a unos 440 mil usuarios finalmente analice los resultados económicos que obtuvo en el 2018. Y será la primera gran prueba para Raúl Javier Romero, el especialista en derecho societario designado por el gobernador Alfredo Cornejo como representante de las acciones de la provincia en la compañía del grupo Vila – Manzano.

Ver también: Cornejo cambia fichas en el directorio de EDEMSA

Las acciones de Edemsa se dividen en tres partes: Sodemsa es titular del 51% de las acciones clase A, la Provincia tiene el 39% (clase B y C) y el personal casi el 10% restante (clase D).

El 8 de marzo la distribuidora informaba a la Comisión Nacional de Valores que “de manera excepcional” no podía presentar en el plazo establecido los estados financieros del año pasado y la documentación contable. Hubo dos reuniones de accionistas más (13 de mayo y 12 de junio) donde se pidió extender los tiempos. El nuevo encuentro en la sede de la empresa fue fijado para el próximo miércoles.

En el orden del día figuran ocho puntos, pero sobresalen dos: el tratamiento de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018 y otro general que abarca la consideración de la memoria, el informe de los auditores, el estado de situación financiera y los cambios en el patrimonio, entre otros.

Auditoría integral

Todo esto ocurre mientras el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) avanza en una auditoría integral para conocer a fondo el estado de Edemsa. La lupa está puesta en la deuda de 3.000 millones de pesos que la distribuidora mantiene con Cammesa, la compañía mixta formada por el Estado nacional y representantes del sector privado que le vende la energía.

Ese trabajo comenzó hace algunos meses y se espera que en aproximadamente 45 días Cornejo ya tenga en sus manos el informe definitivo. La intención es conocer las causas de esa deuda y cómo Edemsa le hará frente.

Por su parte, la empresa fue a la Justicia para que se cumpla con lo que dicta el artículo 15 del Presupuesto Nacional 2017, que establece la compensación de la deuda de las distribuidoras por la compra de energía eléctrica con las diferencias de ingresos no percibidos con motivo del congelamiento tarifario entre 2014 y 2015.

En el propio Ejecutivo reconocen que la distribuidora está pagando las facturas corrientes (la energía que hoy le compra a Cammesa) y que existen empresas de otras jurisdicciones con una situación similar. Sin embargo no están conformes con las explicaciones, por lo que buscarán sacarse las dudas con datos propios y a través de dos herramientas: la auditoria del EPRE y el desembarco de Romero en el directorio de la Edemsa, como “guardián” de las acciones de la provincia.

En este sentido, la designación de Romero se interpreta como una señal fuerte para “evaluar conscientemente el rol del accionista mayoritario y cómo ha cuidado el interés de la empresa. Pero del 100% de la distribuidora, no solamente del 51%”, aseguró Jimena Latorre, la presidenta del EPRE. “El Poder Ejecutivo, como accionista, esté en todo su derecho de revisar la política societaria del accionista mayoritario”, agregó la también precandidata a diputada nacional en declaraciones radiales.

Relación tirante

En el cornejismo aseguran que, por primera vez desde que se privatizó el servicio de distribución eléctrica, las empresas se hacen cargo de las sanciones y pagan las multas impuestas por el EPRE. Apunta fundamentalmente a Edemsa, que tiene más del 70% del mercado.

Esa relación tirante entre el gobierno y la principal distribuidora de luz de la provincia no sólo quedó plasmada en las millonarias multas anunciadas e impuestas (más de 180 millones entre febrero y junio) por mala calidad del servicio. También en el silencio oficial ante el pedido formal de los dueños de Edemsa para continuar manejando la empresa.

La historia se remonta a 1998, cuando se privatizó el servicio. El contrato de concesión se extiende por 30 años, pero requiere que cada 10 años Sodemsa (la sociedad controlante de Edemsa, propiedad del grupo Vila-Manzano) solicite formalmente la continuidad al frente de la distribuidora. Si no lo hace, el gobierno -como poder concedente- puede convocar a una licitación nacional e internacional para vender el paquete mayoritario.

Ese plazo se denomina “periodo de gestión”, que se define como cada una de las etapas de 10 años en los que se divide el plazo de concesión. El primero venció el 31 de julio de 2007 y tras el pedido de Sodemsa el entonces gobernador Julio Cobos la habilitó, mediante el decreto 2.912, a seguir controlando la distribuidora tras extender “un nuevo periodo de tenencia accionaria”.

El segundo “periodo de gestión” caducó el 31 de julio de 2018. Desde la distribuidora confirmaron que “el 27 de enero de 2017 Sodemsa notificó fehacientemente al Gobierno de Mendoza la voluntad de retener la titularidad de las acciones Clase A de Edemsa”. Sin embargo, el dato destacado es que “hasta el momento, el Poder Concedente no se ha pronunciado sobre el particular”.

Ya pasaron dos años y cinco meses desde aquella solicitud y en el Gobierno no hubo reacción directa. Especialistas consideran que el pedido ya tuvo la aprobación “de hecho” y que su aceptación es sólo una formalidad, porque en ningún momento se analizó en profundidad la posibilidad de dejar a Vila-Manzano fuera del negocio.

De todas maneras hubo llamativas contradicciones en las determinaciones de las últimas administraciones radicales. En 2007, la asesoría legal del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas (hoy Economía, Infraestructura y Energía) y Fiscalía de Estado emitieron dictámenes que avalaron la decisión de Cobos. En cambio, en Casa de Gobierno juran que ahora existen resoluciones internas que van por el camino contrario y le permiten a Cornejo evitar firmar un decreto idéntico.

Aunque hay otra lectura, más política. “Cornejo no quiere quedar pegado con Edemsa”, indicaron fuentes del sector eléctrico.