No todo está definido en el caso Aliaga después de la declaración de incompetencia del juez Marcelo Garnica, que trascendió la tarde de este martes en los Tribunales de calle España y Pedro Molina.
Fuentes judiciales federales consultadas por El Sol analizaron los argumentos del magistrado sobre el hecho policial más impactante de los últimos años y señalaron que el fiscal que instruye la causa, Fernando Alcaraz, se mostró en desacuerdo y apelará la resolución para que el expediente FMZ 12062/20 continúe bajo su órbita.
De esta forma, será el tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones el que deba expedirse sobre la competencia, es decir, definir si se trata de una causa federal o provincial.
Desde el Ministerio Público entienden que el fallo de Garnica fue prematuro y que todavía resta producir una serie de pruebas de importancia para el expediente. Entre ellas se encuentra el informe final de la necropsia.
El estudio de los médicos legistas es clave para los investigadores porque detallará cómo y cuándo se produjo la muerte.
Tal como publicó El Sol, el titular del Tercer Juzgado Federal de la provincia se declaró incompetente de continuar actuando en la causa entendiendo que no se está frente a un secuestro extorsivo.
Señaló que, por las pruebas sumadas hasta el momento, en el caso Aliaga no se está en presencia de “la existencia de una organización delictiva destinada a cometer en forma sistemática secuestros extorsivos, o la multiplicidad de ilícitos cometidos en distintas jurisdicciones, o bien la participación de miembros de las fuerzas de seguridad”.
Ver también: Caso Aliaga: el juez del caso se declaró incompetente
Más allá de la “batalla” procesal que se viene en los tribunales federales, el fiscal Alcaraz todavía continúa a cargo de la investigación. Es más, la mañana de este martes se desarrollaron nuevos allanamientos en la casa del llamado quinto sospechoso, Yamil Rosales, ubicada en Maipú.
Mientras tanto, en la Justicia provincial, el jefe de la fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo, sólo recibió una notificación en la que le informaron la resolución de Garnica.
Si la causa pasa a la Justicia provincial, será la fiscal de Homicidios Andrea Lazo la que se haga cargo de las actuaciones, que ya tienen ocho cuerpos con más de 1.500 fojas.
Dramático
El empresario Diego Aliaga desapareció el martes 28 de julio de en una casa de su propiedad ubicada sobre calle Bandera de los Andes de Guaymallén. Allí tenía pensado juntarse con su socio, Diego Barrera, y otros hombres.
La hipótesis del Ministerio Público federal sostiene que allí fue abordado y apretado. Lo redujeron, le taparon la boca con un trapo y también lo vendaron. Se cree que Aliaga murió por sofocamiento.
Los autores del hecho trasladaron el cadáver hasta Lavalle y lo enterraron en la localidad de Costa de Araujo, cerca de Gustavo André.
Por las pruebas incorporadas, Diego Barrera, su pareja, Bibiana Sacolle, y los hijos de ella, Lucas y Gastón Curi, se determinó que tenían algún grado de responsabilidad.
Es más, creen que el último de los nombrados llamó al hermano de la víctima, Gonzalo, y le pidió un millón de dólares a cambio de su libertad.
Por esa comunicación, que se produjo un día después de la desaparición, la Justicia federal entendió que se estaba frente a un secuestro extorsivo.
El 11 de este mes, gracias a la declaración de un “arrepentido”, Yamil Rosales (el quinto detenido), los detectives lograron dar con el cuerpo.