Después de un trabajo que demandó varios meses, que quedó plasmado en un completo informe que abarca ocho tomos, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) finalmente presentó este jueves la auditoría integral sobre Edemsa, la principal distribuidora eléctrica de Mendoza.

La investigación que tensó al máximo la relación entre el oficialismo y el grupo Vila – Manzano, controlante de la sociedad, surgió por la deuda que la distribuidora mantiene con Cammesa, la compañía mixta que le vende la energía, que hoy supera los $4.700 millones.

En octubre del año pasado, una advertencia de Cammesa al EPRE por esa mora de Edemsa fue el puntapié inicial del trabajo realizado por técnicos del organismo de control liderado por Jimena Latorre. Y mientras la investigación avanzaba, iban surgiendo presuntas irregularidades en el manejo de la empresa que maneja el 70% del mercado provincial, con más de 440 mil clientes y usuarios.

Cammesa intentó involucrar al Ejecutivo -como poder concedente- en la negociación por la deuda exigible a Edemsa. La respuesta del Gobierno y el EPRE fue similar: no existen atrasos ya que que la distribuidora tiene “tarifa plena”.

“El problema no es la tarifa, es la que tiene que ser”, se atajan los funcionarios, que defienden tanto la política de aumentos aplicada durante la gestión de Alfredo Cornejo como el endurecimiento de los controles a las distribuidoras, que derivó en fuertes multas por incumplimientos y fallas en el servicio.

Una de las sospechas es que, como mínimo, existe una mala administración de la empresa por parte del accionista mayoritario. Otros cuestionamientos apuntan a una decisión puntual de la compañía que, según voces oficiales, tiene “los activos líquidos suficientes” para cancelar el rojo con Cammesa. “La deuda existe porque ellos eligieron no pagarla”, agregaron las fuentes.

“Le demostramos a Cammesa que el problema de Edemsa no es tarifario. Y también le aclaramos que esa deuda no la podemos cobrar nosotros”, aseguró por su parte Natalio Mema, subsecretario de Servicios Públicos.

La auditoría clave

Si bien el Estado mantiene el 39% de las acciones en Edemsa (el grupo Vila – Manzano y sus socios tienen el 51% y los empleados el 10% restante), su injerencia en la distribuidora era mínima, más allá de la presencia de los representantes de la Provincia en el directorio.

Pero los avances de la auditoría integral permitieron imponer algunos cambios en la relación, para reforzar los controles y potenciar la presencia del Gobierno en el seno de la distribuidora. “El Estado es socio con el 39% de las acciones en Edemsa, pero no había ejercido un papel preponderante en interior de la empresa. Eso cambió y ahora tiene participación en el Comité Ejecutivo de gestión, con un director que está en el día a día”, afirmó Mema.

El trabajo del EPRE abarcó el periodo 2012-2018 e indagó, entre otros puntos, sobre el manejo interno de Edemsa y el destino de los fondos recaudados. Así, se logró recortar las facultades que tenían la presidencia y la gerencia de la distribuidora para firmar contratos millonarios que, en ocasiones, no ofrecían servicios de utilidad para la prestación del servicio.

En este sentido, un informe preliminar fue clave para detectar y ponerle fin a una serie de contratos “no necesarios ni vinculados” al servicio que la distribuidora había firmado con otras empresas con fuertes vínculos con el grupo Vila-Manzano. La sospecha instalada es que esa triangulación en realidad encubría un presunto desvío irregular de dividendos.

Ver también: Los negocios ocultos detrás de Edemsa

Uno de los contratos principales que se mantiene es con Trench Energy Consulting, una empresa que brinda servicios de asesoramiento y que también está vinculada al socio mayorista de Edemsa. Pero se cambió la fórmula para pagarle: del 1,25% de las ventas brutas se pasó al 3,51% del Valor Agregado de Distribución (VAD), el ítem provincial de la tarifa eléctrica. En el EPRE destacan que esta modificación representa una fuerte caída en el monto que debe percibir Trench.

La auditoría presentada este jueves fue uno de sus últimos actos de Latorre como titular del ente de control, ya que el 30 de noviembre dejará el cargo para asumir como diputada nacional. Su lugar será ocupado por otra “cornejista”: Andrea Molina.

Números “rojos”

En el período enero-septiembre, Edemsa registró pérdidas por $798 millones. Así lo reflejó el último balance presentado por la distribuidora ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), que provocó una reacción en el Gobierno. Es que si bien no existen dudas sobre la transparencia de la auditoría ni los números finales que arrojó, en cambio sí hay cuestionamientos por los motivos que arrastraron a la principal distribuidora eléctrica de la provincia a esta complicada situación económica-financiera.

“El balance es una foto que te dice si estás gordo o flaco. Pero no te dice porqué estás gordo o flaco”, resumieron en el EPRE como respuesta al informe realizado por la prestigiosa consultora Price Waterhouse que destaca, entre otros puntos, que “la adecuación del VAD (ajuste por inflación) en vigencia a partir del 4 de julio de 2019, pero calculada con índices de diciembre de 2018, sigue generando desajustes en la estructura de ingresos y costos de Edemsa”.

En este sentido, Mema fue tajante: “Cumplimos con la ley y con el contrato de concesión. Cuando hubo que hacerlo, impusimos multas y sanciones. Y los aumentos del VAD se determinaron a partir de estudios técnicos del EPRE”.

Mientras, Edemsa sigue insistiendo judicialmente por la aplicación del artículo 15 del presupuesto nacional 2017, a través del cual la Casa Rosada prometió compensar a las distribuidoras por el congelamiento tarifario de 2014 y 2015.

“Cabe destacar que los ingresos no percibidos por Edemsa con motivo de la ejecución del Programa de Convergencia son superiores a la deuda con Cammesa generada en el mismo período”, afirma la auditoría.

El monto de esa compensación por ingresos no percibidos se aproxima a los $1.500 millones, pero al 30 de setiembre la deuda de Edemsa con Cammesa se triplicó y ya supera los $4.700 millones. La acreedora podría exigir el pago inmediatamente sin embargo, por el momento, sólo hay advertencias sobre posibles sanciones a la distribuidora, como la restricción del servicio.

“Sólo lo hicieron con las distribuidoras manejadas por gobiernos provinciales, no con aquellas manejadas por privados”, resaltaron especialistas del sector. La mirada está puesta ahora en el cambio de color político a nivel nacional y las medidas que adoptará la administración de Alberto Fernández con respecto al mercado eléctrico.