Antes de que finalice el año, la fiscal Gabriela Chaves, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de la provincia, podría elevar a juicio los primeros casos de una serie de cuantiosos delitos por estafas, coacciones y defraudaciones que le adjudica a la organización social de origen kirchnerista Tupac Amaru, la que condujo en Mendoza Nélida Rojas, como un apéndice de aquella que, a nivel nacional, y en Jujuy particularmente, promovió y divulgó la dirigente Milagro Sala.

De forma paralela a la investigación de Chaves, también avanza la causa de extinción de dominio sobre una serie de bienes de los integrantes de la Tupac, familiares directos y políticos de Rojas. Es el caso de Federico Torrengo Rojas –uno de los hijos de la jefa del clan–, revelado el miércoles por este diario: deberá presentarse ante la Justicia Civil para explicar el origen de los fondos con los que adquirió dos vehículos valuados en 1,5 millones de pesos, porque al momento de su adquisición el hijo de Nélida no trabajaba en relación de dependencia y se encontraba inscripto como monotributista declarando ingresos anuales por 24 mil pesos.

Ver también: El hijo de Rojas deberá explicar la compra de dos vehículos

Chaves investiga a la Tupac mendocina desde fines del gobierno peronista de Francisco Pérez. En abril del 2017, la fiscal imputó y ordenó la detención de Rojas y parte de su familia directamente vinculada con los supuestos casos de corrupción. Más tarde, los acusados serían beneficiados con la libertad ordenada por la Octava Cámara del Crimen.

Pero la investigación y la causa continuó, a tal punto que Chaves tiene previsto elevar a juicio el mes próximo una primera tanda de hechos comprobados a su criterio por los cuales, según la fiscal, Rojas extorsionó y estafó a un grupo cercano de 200 personas a las que obligaba a militar políticamente a favor de la organización K para acceder a las viviendas sociales que la Tupac, con fondos enviados por la nación, construía en algunos departamentos de la provincia, particularmente en el departamento de Lavalle que gobierna el peronista Roberto Righi, sobre quien recae, a su vez, una investigación sobre supuesto enriquecimiento ilícito, causa que se desprendió de las pesquisas que se fueron instruyendo alrededor de las viviendas que debió construir la Tupac con los fondos enviados desde la nación.

En Mendoza, la Tupac debió construir alrededor de un millar de viviendas. La mitad de ellas, llamativamente, se programaron en Lavalle. Las doscientas denuncias que recibió Chaves de personas que dijeron que fueron estafadas por Rojas y que denunciaron que se las obligaba a militar a favor del kirchnerismo y a participar en los actos en donde se presentaba Cristina Fernández de Kirchner, por entonces presidenta de la nación, resultaron ser oriundas del departamento gobernado por Righi. Chaves, sin embargo, reconoció que muchas de las denuncias se fueron cayendo con el paso del tiempo por diversas razones, sin descartar algún tipo de “arreglo” ofrecido por el clan para evitar que siguieran adelante con las acusaciones.

Chaves, no obstante, por medio de pericias caligráficas y también psicológicas ha logrado reunir una serie de evidencias por las que puede probar, según su convencimiento, las estafas y extorsiones de las que fueron víctimas las personas a las que no se les entregó la vivienda prometida, se les sacó dinero o se les quitó el inmueble que habían recibido.

Las pericias contables que están en curso sobre toda la causa desde mediados de año, monitorean los movimientos de dinero de las cuentas de los imputados y los balances que para la fiscal fueron “dibujos” alrededor de una veintena de cooperativas falsas o truchas con las que se intentó simular el desvío del dinero que recaía en manos de la Tupac.

La investigación giró, además, hacia un posible fraude cometido en el municipio de Lavalle. Chaves sospecha que en las oficinas del departamento no se controló debidamente el circuito de dinero y si el mismo, en definitiva, era utilizado para la construcción de las viviendas como estaba estipulado.

La pesquisa general sobre las actividades de la Tupac se extendió también hacia dos departamentos más: en Guaymallén se habrían levantado alrededor de 100 viviendas sociales como las de Lavalle, de las cuales 50 serán sometidas a una inspección ocular para verificar su existencia. En las oficinas del departamento, sin embargo, no se encontraron antecedentes, ni registros de las viviendas. La fiscal sospecha que la documentación que debió haber existido en algún momento desapareció durante el gobierno de Luis Lobos, investigado por enriquecimiento ilícito y condenado recientemente por otro delito.

En Godoy Cruz son 16 las casas que, en apariencia, levantó la Tupac y que la defensa de Rojas ha solicitado se tenga en cuenta dentro de la investigación general, aduciendo que Chaves, por una cuestión meramente ideológica y política no tuvo en cuenta por ser una comuna gobernada por el radicalismo.

El intendente Righi, en cambio, es sometido a una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito desde febrero pasado. La causa se encuentra en el proceso de instrucción de pruebas. Chaves ha ordenado una pericia contable sobre el patrimonio del jefe comunal sin que la misma haya finalizado. El intendente siempre se desempeñó en el Estado. Tiene 45 años. A mediados de los 90 fue jefe de turismo y concejal hasta comienzo del 2000 y desde el 2001 a la fecha ha estado al frente del municipio como intendente.