Una mujer de 35 años fue condenada a 4 años de cárcel por vender drogas en su domicilio de una villa de Guaymallén. La dealer, llamada María Laura Morales Agüero, vivía con sus tres hijos menores de edad y se inició en la actividad del narcomenudeo, aparentemente, para mantener a su familia.

Una denuncia anónima y una investigación relámpago la complicaron en cuestión de días pese a que casi no se logró secuestrarle sustancias en su vivienda, aunque sí dinero de dudosa procedencia.

La pesquisa se inició el 27 de abril del año pasado, cuando los policías de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico tomaron conocimiento de las presuntas maniobras ilícitas a través de un llamado a la línea Fonodrogas (0800-800-37642 ó 4233233).

En la comunicación que daban cuenta de que en la villa ubicada sobre avenida Colón, de Guaymallén, estaban vendiendo a toda hora sustancias prohibidas. La información agregaba que la casa en la que se llevaba a cabo la actividad estaba ubicada frente a la manzana 10 del barrio Lihué.

Por esa razón, los pesquisas especializados en causas de narcocriminalidad comenzaron a realizar tareas de inteligencia y vigilancia al domicilio señalado.

Las primeras labores arrojaron que se observaban en el lugar movimientos típicos de compra y venta de estupefacientes, los cuales estaban a cargo de dos mujeres.

Con el objetivo de avanzar en la investigación, el 7 de mayo se le frenó la marcha en el cruce de calles Mariano Moreno y Goretti, a un sujeto que había llegado hasta la vivienda, hizo un pase de manos con una mujer que lo atendió y luego se retiró.

Al comprador se le secuestró del bolsillo del pantalón derecho una caja de cigarrillos que contenía seis envoltorio: tres de marihuana y tres de cocaína.

Ante ese procedimiento, se solicitó la autorización correspondiente para allanar la vivienda de la sospechada y se logró la detención de Morales Agüero, quien se encontraba con una amiga –que fue liberada porque no se hallaron pruebas en su contra– y sus tres hijos menores de edad.

Asimismo, se realizó un registro en la propiedad que permitió dar con un bolso tipo morral que la sospechosa intentó descartar cuando los efectivos irrumpieron en la vivienda. El mismo contenía 16.000 pesos en billetes, en su mayoría de baja denominación.

Mientras que, sobre un mueble de la casa, los policías secuestraron dos celulares y observaron que en el suelo había tirados cuatro recortes de nailon transparente que tenían restos de una sustancia blanquecina. Al practicarles el test orientativo, el mismo arrojó que se trataba de cocaína.

En el resto de la propiedad los sabuesos no dieron con ningún tipo de sustancias que estuvieran preparadas para la venta. Esto los investigadores lo atribuyeron a que pudo haber alcanzado a descartar las drogas previo al registro domiciliario o se dio la coincidencia de que se había quedado sin “provisiones”, explicaron.

No obstante, esa situación fue uno de los puntos más discutidos durante el debate oral y público que llevó adelante el Tribunal Oral Federal Nº1 (TOF), que integró de manera unipersonal el juez de Cámara Alberto Daniel Carelli, en los últimos días de diciembre.

Pese a eso, la Fiscalía, representada por Gloria André, logró acreditar la actividad ilícita que llevaba adelante mediante las declaraciones de los policías que estuvieron a cargo de las tareas de vigilancia que se hicieron los días 2, 3 y 6 de mayo, previo al allanamientos en el que se detuvo a Morales Agüero.

Los efectivos coincidieron en que los movimientos que se observaban eran los típicos de un lugar de venta de drogas, es decir, sujetos que llegaban al domicilio, hacían un intercambio con las mujeres que los atendían –una de unos 40 años y otra de, aproximadamente, 20– para, en cuestión de minutos o segundos, retirarse.

Esas afirmaciones fueron tenidas en cuenta por el magistrado, sumadas a lo secuestrado en el allanamiento, para hallar culpable a la mujer del delito de comercio de estupefacientes en calidad de autora, el cual está previsto en el artículo 5º, inciso “c”, de la ley 23.737.

También descartó agregar a la calificación la tenencia de sustancias, debido a que las diminutas cantidades de droga halladas en el allanamiento no eran suficientes para constituir ese delito.

Así, el juez le impuso a Morales Agüero una pena de 4 años de prisión y una multa de 162.000 pesos.