La Cámara de Apelaciones Federal definió este viernes que la causa por la desaparición seguida de la muerte del empresario Diego Aliaga continúe instruyéndose como secuestro extorsivo.

El juez de Cámara Juan Ignacio Pérez Cursi resolvió este viernes que la investigación continúe en el ámbito de la Justicia Federal y en manos del fiscal que lideró la investigación desde el comienzo, Fernando Alcaraz.

Además, no hizo lugar a la incompetencia del juez Marcelo Garnica, quien también seguirá al frente de la causa. 

Ocurre que, a fines de septiembre, el magistrado se había declarado incompetente para continuar con el caso porque entendía que debía pasar a la Justicia ordinaria ya que no estaba en presencia de una organización delictiva destinada a cometer secuestro, multiplicidad de ilícitos en distintas jurisdicciones ni existió la participación de miembros de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el camarista Pérez Cursi consideró que la posición de Garnica fue prematura y que aún hay que continuar profundizando la investigación.

El caso

El empresario Diego Aliaga desapareció el 28 de julio tras encontrarse con su socio Diego Barrera en una casa ubicada en la calle Bandera de los Andes de Guaymallén.

Una de las hipótesis sostiene que Barrera, con la ayuda de su pareja, Bibiana Sacolle, los hijos de ella, Lucas y Gastón Curri y también un empleado suyo, Yamil Rosales, redujeron a aliaga, lo maniataron y mataron tras secuestrarlo.

Tras la desaparición del empresario, su hermano Gonzalo Aliaga recibió un llamado de un individuo solicitándole un millón de dólares. Sin embargo, con el correr de las horas no se registró una nueva comunicación.

Cinco días después de la desaparición, Barrera, sus hijastros y su pareja fueron detenidos en su casa del barrio Dalvian. Las antenas de celulares y las cámaras de seguridad los complicaban.

A mediados de septiembre, el empleado de Narrera, Yamil rosales, confesó que había matado al empresario y que su cuerpo estaba enterrado en Costa de Araujo, Lavalle.