Alberto Fernández asumirá la Presidencia con decenas de prioridades para resolver, qué duda cabe. Pero, quizás, la más importante de todas las que le surgen al paso sea la conjunción entre la pobreza y el hambre. Y, en esa línea, detrás de ese objetivo, el presidente electo se ha movido en los últimos días cuando dejó por algunas horas la agenda internacional –con Bolivia a la cabeza– y decidió sumergirse en los aspectos más acuciantes que lo esperan desde el 10 de diciembre, cuando tome el control del país.

Cuando acceda al poder, Fernández se encontrará con 10% más de pobres que cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó la Presidencia. De acuerdo con estudios privados que trascendieron el fin de semana, los pobres en la Argentina aumentaron 5 millones desde fines del 2015. Son los mismos millones de pobres de los que Fernández habló en la campaña, en apariencia proporcionados por los especialistas del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la prestigiosa organización que se ha ganado el respeto de buena parte de la ciudadanía pero que ha mantenido –quizás por el resultado de sus trabajos y concusiones siempre algo molestas al poder– una relación distante con quien gobierna: hoy con el gobierno de Mauricio Macri, que está llegando a su fin. Antes, con el del kirchnerismo, el que se negó a medir la pobreza y a evitar dar a conocer datos reales sobre las cuestiones sociales del país y, por supuesto, sobre la economía. Con Fernández, la UCA está estrenando una relación institucional y de respeto mutuo, tan es así que el líder del observatorio, Agustín Salvia, fue invitado a participar en el primer encuentro del Consejo Argentino contra el Hambre que encabezó el viernes el presidente electo. Se verá, con el discurrir del tiempo, de los hechos y de las circunstancias que se avecinan para todos los argentinos, si esa confluencia de intereses y visiones sobre un grave asunto irresuelto en Argentina entre la UCA y Fernández se vigoriza y crece, o si vuela por los aires, como ocurrió con Cristina años atrás, o si entra en un frízer como con Macri.

Según la UCA, al finalizar el gobierno de Cristina, los pobres en el país representaban 29% de la población. Pero, según los economistas Daniel Schteingar, Federico Favata y Guido Zack –quienes se tomaron unos cuantos años para reconstruir una suerte de base estadística social del país tras el apagón estadístico que operó a partir del 2007– concluyeron que la pobreza hacia el fin de la gestión K era de 26,9%. Macri, quien, entre otros objetivos a cumplir, había planteado en el arranque de su mandato que iba por la “pobreza cero” como un fin único a lo largo del tiempo, tuvo altibajos en el combate contra los más vulnerables de la sociedad. Quizás el mejor año en ese sentido fue el del 2017. Ya con el INDEC recuperado, el mejor número que alcanzó en ese combate fue el de 25,9% hacia fines de ese año. Pero, luego sobrevendría la crisis que se desencadenó en abril del 2018. La corrida cambiaria y la devaluación hicieron estragos en los segmentos más pobres, y la inflación se volvió a disparar sin control junto con el número de pobres. El último número oficial conocido es el de 35,4%, pero, según aquel grupo de economistas, los mismos que habían logrado reconstruir los datos cuando no había nada de nada, hacia fin de año la pobreza podría alcanzar los 37 puntos.

Fernández tiene previsto lanzar –se cree que será en febrero– su plan de emergencia contra el hambre. Se valdrá del estado de emergencia alimentaria que se viene prorrogando desde el 2002 en adelante. De ese estado se valió Macri para lanzar aquellas medidas extraordinarias luego de las PASO del 11 de agosto, que incluían la reducción del IVA para los alimentos. El programa de Fernández lo encabezará quien será, seguramente, su ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. De lo que ha trascendido, o de lo que el mismo Arroyo ha declarado, casi 2 millones de personas se verán beneficiadas directamente. Son parte de ese grupo de gente que recibe, además, la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata de madres con hijos menores de 6 años a quienes se les entregará una tarjeta del Banco Nación con un monto todavía no determinado de pesos con los que podrán comprar alimentos. La misma tarjeta, con un valor mayor, será distribuida en los comedores comunitarios. Todo este operativo insumirá, se cree, alrededor de $40 mil millones.

El plan será el más urgente, de alto impacto, de los que seguramente tiene pensado lanzar el nuevo gobierno. Luego, como es de esperar, se conocerán otras decisiones, de aquellas que tendrán como fin mejorar el nivel de consumo de los argentinos. ¿De qué manera se alcanzará ese objetivo, transformado en una promesa de campaña difícil de olvidar, especialmente para quien vio en Fernández la solución o el principio de solución a sus problemas?: multiplicando la emisión de pesos, se admitió. Y, además, con un aumento de impuestos para aquellos sectores económicos que se vieron beneficiados en los últimos años.