La clase política argentina se caracteriza por hacer ponencias profundas y sesudas sobre problemáticas sociales. Sin embargo, desde el retorno de la democracia, ningún exponente de los diferentes partidos políticos logró establecer el nexo necesario entre las teorías y la práctica. En otras palabras: es fácil analizar la realidad, lo difícil es tomar acciones para modificarla para obtener resultados que mejoren el bienestar general.
Esto ocurre por varios motivos. El principal tiene que ver con un sentido oportunista e hipócrita del discurso. Más que convicciones políticas, son mensajes para una tribuna que se retroalimenta y que ha perdido el espíritu crítico. Algo de eso pasó por estas horas sobre la eterna discusión acerca de cuál es la edad indicada para que los menores se hagan responsables de sus actos, en el sentido penal de la conducta.
Entonces, para camuflar la inacción estatal y el nulo abordaje institucional que padecen miles de niños, niñas y adolescentes en Argentina, se apela a levantar la bandera que dignifica la pobreza y se lleva la discusión a un terreno que es colateral. El problema no es la pobreza en sí, es mucho más profundo. Tiene que ver con políticas que ponen en duda el valor de la ley y del contrato social, que apuntan a derechos y soslayan las obligaciones y que tienen el componente psicopático de justificar el delito y de ponderar a los victimarios por encima de las víctimas.
Ocurre con un crimen callejero como con las grandes causas de corrupción. Y se confunde derecho a defensa con encubrimiento y complicidad.