El nerviosismo y la tensión duró algunas horas en la cárcel de Boulogne Sur Mer el lunes por la tarde. Como sucedió días previos en el complejo carcelario de Villa Devoto, en Capital Federal, los presos fueron noticia a nivel nacional y ganaron los techos en búsqueda de beneficios.

Insultos, gritos, banderas, algunas fogatas y golpes a tachos de plástico sirvieron para llamar la atención y todo el perímetro de la prisión fue resguardado por policías.

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Los reos temen contagiarse de coronavirus y que las autoridades penitenciarias los dejen morir sin atención médica. Hubo un principio de acuerdo en la cárcel ubicada en la Capital mendocina y terminaron el levantamiento.

Y eso está relacionado a la aceleración en el tratamiento de los pedidos de prisión domiciliaria de los reos que integran los denominados grupos de riesgo, la mayoría, por problemas respiratorios.

El Servicio Penitenciario informó hace pocos días a la Justicia que, en las cárceles de Mendoza, de un total de 4.861 internos hasta este martes, poco más de 400 estaban en condiciones de solicitar beneficios para continuar cumpliendo su pena –en el caso de ser condenado– en la modalidad domiciliaria, porque presentan enfermedades que los hacen más vulnerables ante el avance del COVID-19.

Sin embargo, esto no significa un pasaje a la calle, y casi todo el universo de pedidos es rechazado por los jueces.

De este total de presos locales, de acuerdo con las resoluciones de los juzgados de Sebastián Sarmiento y Mariana Gardey, quienes vienen trabajando en estas causas con condenados desde el inicio de la cuarentena, 250 presos reclamaron la libertad condicional o domiciliaria.

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De acuerdo con fuentes judiciales, en promedio, se ha hecho lugar a dos de cada 10 requerimientos. Algunos homicidas y hasta abusadores sexuales han logrado salir de la cárcel para estar monitoreados en sus hogares.

La gran mayoría de los pedidos de los internos han sido rechazados o quedaron pendientes de resolución por falta de incorporación de informes.

Los jueces Sarmiento y Garden, en diálogo con El Sol, coincidieron en que no se hizo lugar porque los condenados no cumplen con los requisitos básicos, más allá de que integren los grupos de riesgo.

Se analiza el tipo de delito, el costo social que esto implica, informes internos, psicológicos y hasta la cantidad de tiempo que les resta para el cumplimiento de la pena, entre otros aspectos.

La Justicia federal corre por el mismo camino en Mendoza. Desde que se instaló la cuarentena, y por recomendación de los tribunales superiores del país, fuentes de los Tribunales de España y Pedro Molina estiman que ha concedido unos 25 beneficios de prisión domiciliaria.

Entre ellos se encuentran ocho condenados por delitos de lesa humanidad, lo que generó una fuerte reacción de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, quienes se opusieron a los beneficios cuando participaron en las audiencias.

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El Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza otorgó la prisión domiciliaria excepcional y provisoria a Oscar Bianchi, Pedro Linares, Vicente Omar Navarro Moyano, Carlos Ledesma, Oscar Simone, Juan Carlos Ponce Ochoa y Segundo Héctor Carabajal, quienes fueron juzgados por secuestros, torturas y homicidios.

No todos corrieron la misma suerte: el mismo tribunal, por ejemplo, rechazó el beneficio para Julio Héctor La Paz.

Las fuentes tribunalicias aportaron que “poco más de 10” acusados o condenados por comercialización de estupefacientes recibieron el beneficio de la detención domiciliaria o condicional para aquellos que están cerca de cumplir la pena.

Desde el 16 de marzo, cuando comenzaron a resolver los primeros pedidos, más de cien internos de los complejos federales acudieron a sus representantes para intentar lograr el beneficio.

Sin embargo, los jueces vienen rechazando la mayoría de las presentaciones de procesados o condenados por violar la Ley 23.737 (estupefacientes).