Los técnicos y especialistas del Gobierno provincial han calculado que el costo del congelamiento de las tarifas de la electricidad y el del precio del boleto del transporte de pasajeros, que comenzó a operar con el arranque del nuevo año y se extenderá por los próximos seis meses, podría alcanzar los 3.500 millones de pesos: a grandes rasgos, unos 3.000 se los lleva la energía eléctrica y los restantes 500 el transporte.

Se trata de un costo que, como ya se ha dicho varias veces –y a riesgo de ser considerado una obviedad–, no hay que olvidar que de alguna de las cuentas públicas del Estado provincial se tiene que sacar. Y cuando se saca de un lado para poner en otro, siempre termina por resentirse algo. Mucho más cuando los recursos son escasos en un proceso de estancamiento con inflación que amenaza con extenderse por un buen tiempo.

Ayer se conoció, por medio de un informe publicado por Clarín, que el impacto para el Estado nacional de una medida similar, pero que sólo beneficia a bonaerenses y porteños, sería de unos 190.000 millones de pesos. Subsidios, lisos y llanos, para evitar un nuevo golpe a los famélicos bolsillos de los particulares, de los cuales, muchos –por no decir una amplia mayoría– dispusieron por la vía electoral un giro a la situación económica que ha venido aplastando a los argentinos por muchos años a esta parte.

Frente a la emergencia se describen decenas de argumentaciones que explican el por qué de tales decisiones políticas asumidas por los gobiernos nacional y, claro está, provincial. Son medidas que van cayendo por su propio peso y por un consabido efecto contagio, como esos gestos asumidos por la política tendientes a bajar su costo (el congelamiento de los sueldos es uno de ellos). Pero quién duda de que se trata de una acción que responde más a un mecanismo de defensa frente a una animosidad social en su contra que parece escalar de manera desordenada.

Atendiendo a todas y cada una de las explicaciones, está claro que corre en paralelo otra versión del brutal fracaso al que nos enfrentamos una vez más en el país en esa búsqueda constante de soluciones estructurales que nunca se encuentran, saltando de una receta a otra, sin solución de continuidad.

El primer mes del año trae, como casi siempre, la discusión en torno al presupuesto. En la Nación, el presidente Alberto Fernández ha trasladado esa cuestión central del plan del Gobierno hasta marzo o abril. Ha priorizado enfocarse en las medidas directas que ha tomado y seguirá anunciando por los próximos días, luego de haber conseguido el aval parlamentario para un amplio menú de facultades extraordinarias que ha concentrado en sus manos, un acontecimiento que, como se ha visto, la oposición no ha estado en condiciones de frenar.

Pero, en Mendoza, el presupuesto muy probablemente se trabe por el endeudamiento que pide Suarez para encarar obras. Con mucha razón, la oposición peronista pide aclaraciones y explicaciones sobre la situación financiera, cuya realidad duda que le estén mostrando. Junto con eso, la pauta de gastos generales va acompañada de un déficit de casi 10 mil millones de pesos que se tiene que financiar. El congelamiento de las tarifas por los próximos seis meses que ha dispuesto Suarez para el boleto del transporte y la electricidad equivale a un tercio de aquella cifra.

El Estado nacional financiará buena parte de los nuevos subsidios que benefician a la Capital Federal y al conurbano, con los ajustes impositivos que ha ordenado, vía el Parlamento: allí están las modificaciones al régimen de retenciones, la suspensión de la fórmula de indexación de los haberes de los jubilados y los impuestos a la compra de moneda extranjera.

Sin embargo, en nuestra provincia, el Gobierno deberá buscar alternativas en la redistribución de partidas, priorizando una cosa por sobre otra, y buscando respuestas, además, en la Nación como probablemente hagan otras administraciones, particularmente las gobernadas por la oposición, aludiendo, claro está, a esa cantidad de recursos que se han vuelto a concentrar, con el aporte de todos, en el Área Metropolitana, la Ciudad de Buenos Aires y la zona portuaria más importante del país.