Cuando, en agosto, una mujer debió pasar siete horas en un calabozo por pagar su pasaje con una Red Bus prestada, el asunto fue por varios días motivo de debate público. Muchos defendían a Patricia Stibel –la empleada doméstica que fue detenida– mientras que otros se limitaron a opinar que la medida podía haber sido excesiva. En este último punto se basa un proyecto de ley que busca reducir las sanciones a quienes no paguen al subir a un colectivo.

Si bien la propuesta viene de la oposición, en la última reunión de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), el oficialismo reconoció la necesidad de debatir el tema en medio de una reforma del mismo Código impulsada por el Frente Cambia Mendoza.

La idea se presentó en el 2012 en Diputados por el ahora senador justicialista Gustavo Arenas. En el proyecto se establece remplazar por una multa, en lugar de detención, a aquellos que viajen en transporte público “con el propósito de no pagar o sabiendo que no podrá hacerlo”.

Por el momento, en los artículos se establece que la sanción será “una multa equivalente a veinte veces el valor del servicio no abonado”, pero esa cifra podría actualizarse. Según precisó Arenas, la idea es buscar una sanción acorde al delito, es decir, que sea económica y no aplicando la pena máxima del delito en Argentina: la privación de la libertad.

“Hay varios casos donde no se puede demostrar que se pagó, incluso cuando la máquina no funciona, es una modificación sobre algo que se vive día a día”, explicó.

El argumento central del cambio es “el criterio irregular en el que se van aplicando las sanciones en el Código de Faltas, porque se fue poniendo parche sobre parches”, según Arena.

Sin embargo, en la reunión de LAC, todos los presentes coincidieron en que el castigo es excesivo. El problema era que todos los proyectos para reformas en este código estaban frenadas.

El senador radical Juan Carlos Jaliff reconoció que él había postergado tratar las ideas de este tipo para cuando se reformara integralmente todo el Código de Faltas. “Con tantas modificaciones, las sanciones se desproporcionan. Estamos preparando un nuevo código, estuvimos ocupados con el nuevo Código Procesal Penal, ahora el Civil y demás”, explicó Jaliff.

Sin embargo, el Ministerio de Seguridad presentó un proyecto para detener a las personas que porten armas blancas o réplicas en la vía pública y no puedan justificar su uso (ya que no está contemplado por la ley, lo que hace que a varios delincuentes se les alivie la condena).

La propuesta llega en plena campaña para las elecciones de fines de octubre. Esto planteó una modificación aislada del Código de Faltas por parte del oficialismo, lo mismo que ocurre con las propuestas de la oposición.

“Quedamos en profundizar el tema, si llegamos a un acuerdo, sacamos despacho para tratarlo el próximo martes (por mañana)”, aseguró Jaliff. La idea, entonces, es incluir ambas modificaciones en una misma ley que las contemple, para abordar ambos temas juntos en el recinto.