El fin de ciclo del extenso gobierno de Carlos Menem se llevaría consigo también lo que había sido un exitoso método para controlar la inflación desbocada que se había manifestado hacia fines de los 80, durante su primer gobierno, tras la recuperación de la democracia que encabezara Raúl Alfonsín. Por varios años, la convertibilidad ideada por Domingo Cavallo les hizo olvidar a los argentinos una de sus peores pesadillas: la inflación.

Las malas praxis constantes de la política, las ambiciones irracionales, la corrupción y la ausencia de un mínimo control de un Estado que se había desentendido de lo esencial provocaría, sin embargo, un combo envenenado, dando rienda suelta a la corrupción con una crudeza e impunidad obscena pocas veces vista y el consiguiente aumento de la pobreza, que en los primeros meses del nuevo siglo que estaba a punto de comenzar treparía por arriba de 50 por ciento.

Pero, hay que reconocerlo: el anclaje del peso al dólar por un tiempo funcionó y, mientras duró, ya nadie reclamaría por aumentos salariales desmedidos o alocados, porque la inflación imperante en el país se correspondía a los mismos niveles que se manifestaban en el resto del mundo civilizado y desarrollado. Sin embargo, tras los dos años y fracción del gobierno de la Alianza que lideró Fernando de la Rúa, entre 1989 y el 2001, y el interinato de Eduardo Duhalde hasta el 2003, cuando llegaría al poder Néstor Kirchner, la inflación y otras de las acostumbradas lindezas con las que nos destruimos permanentemente los argentinos reaparecieron con fuerza. En Mendoza, un grupo de 250 magistrados, de un total de casi 300 en todo el Poder Judicial, comenzaría a reclamar incrementos salariales por el impacto de la inflación.

Un artículo de la Constitución, el viejo 151, de alguna manera se los permitía si se hacía una interpretación algo amañada y en sintonía con lo que reclamaban. Por varios años se habían olvidado de exigirla por aquello de que el impacto de la variación mensual de los precios había sido ínfimo. Pero, como la crisis los apretaba –no sólo a ellos, claro está–, los jueces ganarían la agenda pública exigiendo aumentos de sueldo al ritmo de la inflación, pero cargando en la cuenta un retroactivo millonario. La legislación les reconocía subas trimestrales ajustadas al aumento del índice de precios. Gobernaba Roberto Iglesias por aquel tiempo.

El Mula resultó ser un verdadero piloto de tormentas al mantener a flote una provincia sin recursos en medio de una decrepitud espantosa, que pasaría a la historia como la mayor y más grave crisis institucional, económica, social y cultural sufrida por Argentina. Iglesias se enfrentó a los jueces y les negó los aumentos. Incluso, se sancionó una ley que derogaba la indexación salarial automática para los magistrados. Pero, los juristas resistieron, fueron hasta la Corte nacional y algunos avanzaron con el embargo de las cuentas públicas. Aquel gran lío entre el Ejecutivo con el Poder Judicial se mantuvo en el tiempo. Julio Cobos sucedería a Iglesias y heredaría el entuerto. Hay que decir que ambos gobernadores le sacaron el jugo a la contienda: así como Alfredo Cornejo, más cerca en el tiempo, logró enfrentar a los gremios estatales con el resto de la sociedad por su falta de empatía con la realidad, Iglesias y Cobos lo hicieron al poner de espaldas al pueblo a los jerarcas de la Justicia. Cobos los llamó hasta “ladrones”.

Durante su gobierno contaba con el apoyo político de Néstor Kirchner y de su jefe de Gabinete, el actual presidente, Alberto Fernández. Ambos, el ex presidente fallecido y Fernández, estuvieron a punto de aceptarle a Cobos la intervención del Poder Judicial mendocino por lo obsceno del reclamo al que no renunciaban y por dirigir el enfrentamiento a una colisión de poderes republicanos inédita. Durante el gobierno de Cobos se logró modificar, por la vía de una enmienda, el artículo 151 de la Constitución, del que se valían los jueces para reclamar aumentos que podían ser justos pero absolutamente descolocados y desfasados de la situación económica y financiera de la Provincia y desprovistos de un mínimo criterio de ubicuidad y comprensión con el resto de la población.

Sin embargo, aunque ya había aflojado bastante, la dura contienda fue resuelta por un gobernador peronista: Celso Jaque. Cuando llegó al poder, en el 2007, comenzó a negociar con los magistrados una salida al conflicto. Y lo logró cuando les propuso enganchar sus salario al de los magistrados de la Justicia federal. Esto es, que cada vez que la Justicia federal da un aumento, el mismo se replica en igual porcentaje en los salarios de los magistrados y equiparados del Poder Judicial mendocino. Ayer se conoció, por la vía de una acordada, el pedido de la Justicia provincial para que el Ejecutivo les liquide 20 por ciento de aumento correspondiente al 2020.

Efectivamente, al año de la pandemia y durante el cual muchos trabajadores perdieron sus empleos en un número pavoroso casi, y los que lo pudieron mantener siguieron cobrando lo mismo o casi lo mismo a lo largo de un año sin actividad económica y con una caída en la recaudación impositiva histórica. Nada hubiese pasado si los jueces, algunos de los cuales ya tienen salarios que superan el medio millón de pesos, renunciaban al incremento. Los funcionarios del Gobierno provincial y los legisladores tuvieron sus salarios congelados y durante los primeros meses de la pandemia llegaron a cobrar con un tope de 50.000 pesos. El resto fue a parar a un fondo Covid.

Los empleados públicos, sin ir más lejos, no recibieron incrementos en todo el 2020. Los magistrados vuelven a demostrar que, como casta, como sector, como clase diferente del resto de los empleados públicos, poseen una gama de privilegios que hacen valer de tanto en tanto. Quizás por una cuestión de decoro, durante el 2020, los jueces decidieron posponer el aumento que les correspondía porque así lo había dispuesto la Justicia federal. Pero sí lo cobrarán durante este mes.

En la Nación, ya se sabe, poco prurito ha existido al momento de responder a los reclamos de sensatez y solidaridad con el gasto en una época de economía de guerra producto de la pandemia de coronavirus. El presidente Alberto Fernández se negó a que sus funcionarios se redujeran los salarios o a hacer aportes de sus propios ingresos, argumentando que todos sus ministros vivían de sus sueldos y que lejos estaban de ser ricos o adinerados como para hacerlo.

Partiendo de eso, es dable imaginar lo que quedó para el resto de los argentinos que vieron perder en masa sus ingresos por el impacto de una de las cuarentenas más estrictas de todo el mundo, la que casi llegó a cumplir 200 días. Quizás, es ese resto que ve, entre azorado y sorprendido, cómo existen argentinos un poco más privilegiados que otros, y que saben sobrevivir cuando el relato dominante, el oficial, el del propio Gobierno, les dice una cosa diferente de lo que se ve en realidad.