El Gobierno nacional implementó una medida que vuelve a poner bajo la lupa el ejercicio del derecho a huelga en Argentina. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, el Ejecutivo amplió el listado de actividades consideradas “esenciales” y estableció nuevas condiciones para la prestación de servicios durante paros sindicales.
La norma establece que estos sectores deberán garantizar al menos el 75% de sus servicios en caso de huelga, mientras que aquellos definidos como de “importancia trascendental” tendrán la obligación de cubrir un 50%.
El decreto, que se presenta formalmente como parte de la regulación del funcionamiento de la marina mercante, también introduce una figura hasta ahora inexistente: la de actividades de “trascendencia estratégica para el Estado”. Esta categoría abarca una amplia variedad de rubros, entre ellos la educación, el transporte, las telecomunicaciones, los servicios aduaneros y migratorios, así como también actividades económicas vinculadas al comercio exterior y la energía.
Según el texto oficial, la interrupción de estas áreas podría afectar metas de recaudación fiscal, por lo que su funcionamiento mínimo deberá ser garantizado aún durante conflictos gremiales.
La reacción sindical no se hizo esperar. Desde distintos sectores del movimiento obrero, incluyendo la Confederación General del Trabajo (CGT), manifestaron su rechazo a la medida al considerar que “vacía de contenido” al derecho constitucional de huelga.
Por su parte, expertos en derecho laboral advirtieron que el criterio adoptado por el Ejecutivo es “tan amplio” que prácticamente cualquier actividad podría ser incluida como esencial o trascendental, lo que podría generar una avalancha de acciones judiciales por inconstitucionalidad. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que busca preservar servicios clave para la población y garantizar el equilibrio fiscal.